La escuálida votación que alcanzó la moción de vacancia (55 votos, frente a los 54 en contra) tiene impactos innegables en cuanto al recurso y los actores políticos ajenos al oficialismo. Sobre lo primero, se debilita la herramienta, quizá en el único momento justificable desde inicios del milenio.
En cuanto a lo segundo, deja en una situación particularmente incómoda a lo que –en teoría– debería ser la oposición política: se le puede atribuir un tácito endose a los estropicios que el Ejecutivo podría estar cometiendo. Algo de ello se ha visto ya en la displicencia con que se ha actuado en otras labores de control político.
Para el presidente Pedro Castillo, la oportunidad representa un innegable alivio cuando los apremios judiciales se agudizan. Además, es un respiro ante la información en cuanto al apoyo que recibe: su popularidad continúa deteriorándose (bajó cuatro puntos porcentuales a nivel nacional, según el IEP en marzo), con importantes picos regionales (caídas de -10 y -11 en norte y sur, respectivamente).
Pero mal haría el mandatario en pensar que el nudo forjado entre sus partidarios y un importante sector del Parlamento es un capital político suficiente para asegurar su permanencia por el lustro presidencial para el que fue elegido en junio del 2021. Martín Tanaka lo sintetiza así: “Si el presidente no corrige el rumbo y asegura una mínima eficacia en las políticas a favor de los más pobres que supuestamente defiende, el núcleo de ciudadanos que aún parece darle el beneficio de la duda se debilitará, el Gobierno se aislará y podría terminar cayendo” (El Comercio, 29/3/2022).
Mirada en su conjunto, la votación del lunes prolonga una crisis que parece inmutable y puede resultar lejana a las expectativas ciudadanas. De hecho, pierde mucha información sobre la opinión pública disponible (en el sondeo del IEP ya mencionado) y que debería verse con mayor atención y profundidad.
A los datos sobre la popularidad de Castillo, se puede hacer un acercamiento adicional al regional mencionado antes y se verá que la situación es desventajosa. Entre quienes tienen 25 y 39 años, Castillo pierde 12 puntos en el último mes y solo uno de cada cinco integrantes de ese grupo etario (20%) lo respalda. Aun entre los que se identifican como de izquierda, la desaprobación (50%) es mayor que la aprobación (42%). La situación es similar incluso entre quienes se oponen a la vacancia: 56% y 34%, respectivamente.
Cuando se les preguntaba a los encuestados por el intento de vacancia ya superado por Castillo, la opción favorable (51%) superaba a la desfavorable (47%), una evolución de ocho puntos porcentuales desde noviembre del 2021, mes previo al primer intento de vacancia, con picos en los sectores altos (A/B: 63%) y en el electorado juvenil (18-24 años: 60%).
De haber llegado al desenlace de la vacancia, la mayoría de encuestados pensaba que debía recurrirse a las elecciones generales (80%), una cifra muchísimo mayor que quienes pensaban que la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el día uno de este Gobierno debía concluir el mandato de Castillo (9%). Eso hace prácticamente imposible un escenario que evite cambios radicales, a pesar de que los actores puedan ser básicamente los mismos si se considera, además, la alta desaprobación del Parlamento (79%).
Así, el balance de esta semana puede exponer al país, en el mediano plazo, a una situación de colapso. La formalidad política ha preferido prolongar su sobrevivencia con acuerdos endebles que reposan sobre la tolerancia a los actos en los que incurre el Ejecutivo. Como si se quisiera combatir el “que se vayan todos” con una simple y engañosa prolongación: “dos más y nos vamos”. ¿Cuánto perdurará esta apuesta?