Aunque la atención mundial en los primeros días del gobierno del presidente Joe Biden se centró en sus planes para combatir la pandemia de COVID-19, el cambio climático y la inmigración, una de sus promesas que más me llamó la atención fue su intención de liderar la lucha contra las noticias falsas.
En su discurso inaugural del 20 de enero, Biden dijo: “Debemos rechazar la cultura en la que los propios hechos son manipulados e incluso fabricados”.
Biden estaba dando su discurso en el mismo edificio del Capitolio que había sido atacado el 6 de enero por una turba de gente movilizada por las falsas alegaciones del expresidente Trump, amplificadas por las redes sociales, de que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre habrían supuestamente sido fraudulentas.
En rigor, hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene una mayoría conservadora, no encontró evidencia de ningún fraude que pudiera haber puesto en duda la victoria de Biden.
“Hay verdad, y hay mentiras, mentiras dichas para aumentar el poder y las ganancias”, dijo Biden más tarde en su discurso. “Cada uno de nosotros tiene un deber y una responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses, y especialmente como líderes... [de] defender la verdad y derrotar las mentiras”.
Como presidente, es probable que Biden actúe sobre esta premisa. Durante la campaña, Biden había dicho que Facebook, Twitter y otras redes sociales deberían hacer mucho más para detener la difusión de noticias falsas, que según los funcionarios estadounidenses a menudo son plantadas por Rusia y otros gobiernos extranjeros.
Antes de asumir la presidencia, Biden apoyó la derogación de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una ley que exime a las redes sociales de acciones legales por el contenido que publican. Trump también había exigido la regulación de las redes sociales.
Las empresas de tecnología argumentan que no crean contenidos, sino que solo los diseminan, y por lo tanto no deberían tener responsabilidad legal por las noticias que distribuyen.
Pero ese argumento ya se estaba desinflando antes de las elecciones presidenciales, y ahora está siendo aún más cuestionado a la luz del rol que jugaron las redes sociales en el intento de golpe de estado del 6 de enero.
Tristan Harris, un exejecutivo de Google, fundador del Centro para una Tecnología Humana y protagonista del reciente documental de Netflix “El dilema de las redes sociales”, me dijo que “la única forma en que vamos a resolver estos problemas es definitivamente mediante algún tipo de regulación gubernamental”.
Harris agregó que “cuando digo eso, no me refiero a que el gobierno regule lo que podemos o no podemos decir en Internet. Creo que necesitamos que el gobierno regule el modelo de negocios de estas empresas”.
Bajo su actual modelo de negocios, las empresas de redes sociales ganan dinero por la cantidad de tiempo que pasamos en sus plataformas, y los clics que hacemos en ellas. Y muchos estudios muestran que cuanto más alocadas son las noticias, más clics obtienen.
Tenemos que cambiar el modelo de negocios de estas empresas, porque incentiva la difusión de noticias falsas, me dijo. Tiendo a estar de acuerdo.
Dado que la mayoría de nosotros estamos en contra de la censura gubernamental, y dado que la autorregulación de estas empresas no ha funcionado, quizás la solución sea un término medio: la autorregulación forzada.
En Alemania, una ley de 2018 impone multas a las empresas de redes sociales que no eliminen en un plazo de 24 horas el discurso de odio o el contenido que pueda incitar a la violencia. Esa ley ha movido a las redes sociales a contratar miles de revisores de contenido adicionales.
Haga lo que haga, luchar contra “la cultura en la que los propios hechos son manipulados e incluso fabricados” será una de las tareas más importante de Biden. El futuro de la democracia de Estados Unidos puede depender de este combate.
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