Preocupado por la situación política actual, con un Gobierno y un Parlamento propensos al conflicto que ha mantenido la polarización del proceso electoral pasado y en el que ambos poderes se van deslegitimando cada vez más ante la ciudadanía, el expresidente Francisco Sagasti ha lanzado una propuesta a partir de lo que en el derecho constitucional se conoce como iniciativa popular, una institución democrática establecida en el artículo 11 de la Ley de Participación y Control Ciudadano. En otros términos, se trata de la iniciativa ciudadana en la formación de leyes.
Francisco Sagasti, en declaraciones a los medios, sostuvo que, de no cambiar la actual situación de crisis política y confrontación, el pueblo puede pedir una modificación constitucional con el fin de que se recorte el período presidencial y el período congresal, para luego convocar a elecciones. Desde esta lógica, que me parece correcta –no solo desde el punto de vista democrático, sino también constitucional–, si los partidos políticos desde las diversas instancias del Estado no pueden o no son capaces de superar la crisis política en la que nos encontramos, entonces que dicha solución recaiga en la ciudadanía.
Mecanismos como este existen en regímenes parlamentarios como Inglaterra e Italia, entre otros. Cuando no es posible el entendimiento entre el Parlamento y el Gobierno porque se ha llegado a un estado de crisis profunda, el Congreso se disuelve y se convocan elecciones para que el pueblo soberano elija nuevos representantes.
No ocurre así en los modelos presidencialistas o híbridos como el nuestro. En nuestro caso, la iniciativa popular tiene que pasar por “horcas caudinas”; es decir, por un procedimiento largo que se inicia con el recojo de firmas y que puede llegar hasta un eventual referéndum, si es que el Congreso no acepta la iniciativa, que en las condiciones actuales es lo más probable.
Sin embargo, esta situación no significa que las intenciones de Sagasti no sean valederas; lo son y ojalá tenga éxito. También de la propuesta del expresidente se desprende que él apuesta por la participación democrática ciudadana como vía de solución y pone sobre el tapete político nacional la necesidad de una reforma constitucional, ante la imposibilidad fáctica de un cambio de la Constitución vigente, que ha sido modificada innumerables veces.
Ante esto, para que haya más participación ciudadana y el pueblo –entendido en su sentido ampliamente democrático– se empodere, planteamos un pequeño paquete de reformas. Primero, es relevante que leyes orgánicas importantes como las de educación, salud y justicia, entre otras posibles, sean puestas en debate y luego sometidas a referéndum. Esto, porque esas leyes nos afectan a todos. En segundo lugar, es necesario que la rendición de cuentas sea constitucionalmente obligatoria para toda autoridad elegida o no elegida, y no opcional, como ocurre ahora. Asimismo, se requiere que se instaure la renovación por mitades o por tercios del Congreso, la reelección de los congresistas por lo menos por un período y la revocatoria de los congresistas, e incluso del presidente de la República, porque la revocatoria es la institución democrática que más empodera al ciudadano. Finalmente, considero importante que se habilite una cámara de los sorteados para que la representación popular no salga solo de los partidos políticos, que son intermediarios entre la ciudadanía y el Estado, sino que recaiga en un número determinado de ciudadanos, tal y como ahora se sortea a los miembros de mesa en los procesos electorales. De esta manera, quienes no militan en los partidos políticos, que son los más, tendrán la posibilidad de participar activamente y de representar al pueblo.
Con estas ideas se pretende superar la crisis de la democracia, como consecuencia de la globalización neoliberal excluyente que ha traído como respuesta populismos autoritarios de diverso pelaje, lo que profundiza aún más esta crisis de la democracia, que no solo es un mal patrimonio nuestro, sino que existe en otras naciones.
La respuesta a esta crisis, tal y como sugiere Sagasti, es que con más democracia –lo que implica participación ciudadana activa, empoderamiento, inclusión y pleno reconocimiento del otro– se puede salir de la crisis política en la que nos encontramos empantanados. Esto es posible si logramos crear, o en todo caso recrear, instituciones que vayan en esa dirección.