¿Cómo afectan las nuevas modificaciones a la Ley Forestal?

“Un aspecto destacado de la norma es la diferenciación entre la agricultura consolidada y los nuevos proyectos”

La modificación de la Ley Forestal representa un camino hacia la formalización de la actividad agraria en todo el país, en terrenos que ya carecen de cobertura forestal. Esta iniciativa no solo busca corregir vacíos legales, sino también brindar seguridad jurídica y oportunidades económicas a cientos de miles de agricultores que son la base de la seguridad alimentaria del país, fuente de puestos de trabajo y, además, base de importantes volúmenes de agroexportaciones.

Uno de los aspectos más destacados de la norma es la diferenciación entre la agricultura consolidada y los nuevos proyectos bajo la ley vigente. Esta distinción es esencial para evitar sanciones injustas a los agricultores que han trabajado estas tierras durante años, ofreciéndoles una vía hacia la formalización. Al reconocer la realidad de estos agricultores, la norma propuesta permite que continúen sus operaciones sin temor a la ilegalidad y puedan acceder a préstamos y atraer inversiones, utilizando sus títulos como garantía y generando un entorno propicio para la inversión en prácticas agronómicas adecuadas.

La propuesta se centra en áreas ya degradadas y sin cobertura boscosa, excluyendo explícitamente la aplicación sobre una expansión de la frontera agrícola. Habría aquí, pues, una salvaguarda de protección del bosque en pie. Por lo tanto, debería establecerse en el reglamento de la ley algunas precisiones al respecto e incluso definir la línea de base sobre la que se va a aplicar la ley; es decir, mapas con imágenes satelitales que establezcan el uso actual y no haya espacio para las filtraciones.

Asimismo, hay que dejar claro que esta norma no otorga derechos de propiedad, sino que establece una línea de corte para sincerar el uso del suelo sin cobertura boscosa en todo el país. No vulnera ningún derecho de propiedad de las comunidades indígenas, las que incluso hasta podrían beneficiarse dado que hoy las mismas barreras burocráticas que afectan el agro también complican la titulación de dichas comunidades. Siendo incluso cierto que existen en el país cerca de 1,3 millones de hectáreas deforestadas haciendo agricultura en posesión de las comunidades indígenas en todo el país.

Esta norma aprobada no solo brinda seguridad jurídica a los agricultores, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del país. Con la ley vigente, se pierden todos los años 165.000 hectáreas y en el cálculo acumulado desde su promulgación son casi dos millones de hectáreas perdidas. Es decir, el Perú está incumpliendo sistemáticamente los acuerdos internacionales de cero deforestación hoy. Por ello, lo que se requiere es intentar un camino distinto que corrija los incentivos que llevan a esas prácticas ilegales y que están vinculadas principalmente a la pobreza y a la informalidad.

La formalidad es el antídoto para las actividades ilegales a las que no les favorece la presencia del Estado.

“Esta norma hace caso omiso a regulaciones sobre protección del bosque y de los suelos forestales”.

El Congreso de la República ha cometido un nuevo retroceso en la gobernanza de nuestros bosques al aprobar, hace unos días y por insistencia, la modificación de la Ley 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), sin consultar a los pueblos originarios, como se hizo con la norma original.

Esta medida, que pretendía resolver un problema público de seguridad sobre la tierra de familias agricultoras de la Amazonía, en realidad hace caso omiso a regulaciones sobre protección del bosque y de los suelos forestales, debilita la lucha contra la deforestación y vulnera los derechos de los pueblos originarios.

Centrémonos en algunas de las principales falencias de la propuesta:

No es solución para exportar a la UE, puesto que no serán ingenuos en su implementación al determinar que se cumple todo requisito ambiental y social por el solo hecho de haber sido legalizado por una propuesta sin asidero técnico. Además, consideramos que no sería viable su reglamentación por el Ejecutivo, dado que colisiona con el marco jurídico vigente. No soluciona el problema de miles de familias que hacen agricultura, agroforestería y manejan bosques, porque solo les darían derechos donde ya deforestaron. Eso genera, además, un incentivo perverso que podemos lamentar luego si se mantiene esto como precedente en el futuro. Además, no considera que se pueden afectar áreas donde los pueblos originarios aún no son reconocidos ni titulados por el Estado.

La propuesta tampoco es una solución para la promoción de las inversiones sostenibles, puesto que exacerba la falsa dicotomía de priorizar la inversión en desmedro de nuestro patrimonio amazónico. Esta debería ser una oportunidad para que tanto las familias agricultoras como el Estado busquen un cambio real en la forma como actúa la agricultura y, en especial, la agroforestería, en la Amazonía, desvinculándose de la deforestación y degradación como premisa, y reconociendo el potencial de nuestra Amazonía para inversiones sostenibles.

Finalmente, la propuesta normativa deberá ser debatida nuevamente por el Congreso. Es necesario que la sociedad civil permanezca vigilante y dispuesta a apoyar estos procesos, haciendo llegar análisis y propuestas. Pero, sobre todo, es urgente que Ejecutivo y Legislativo abran un proceso amplio de debate de ideas y propuestas de solución a favor de todas y todos los peruanos. Toda decisión debe incluir una visión del Estado desde el territorio (gobiernos locales, regionales) y hacia los sectores correspondientes, a través de una mirada que no responda a intereses particulares.