En el Perú, cada hora seis adolescentes de 15 a 19 años se convierten en madres, según cifras registradas por el Ministerio de Salud. Desde hace 25 años, los indicadores de embarazo adolescente no disminuyen –se mantienen en alrededor del 13%–. Esto sin contar el periodo de confinamiento durante la pandemia, que disparó los casos de menores de 10 años por violación, pues los agresores suelen pertenecer al entorno familiar.
Frente a esta problemática, el Estado tiene la obligación de trabajar en tres frentes. El primero es prevenir esta terrible situación de abuso que mata emocionalmente a nuestras niñas y alimenta un círculo dramáticamente vicioso de pobreza y sufrimiento. El segundo es ofrecer una atención integral a la salud de las jóvenes gestantes. Ello implica asumir tanto su evaluación física y mental, como permitirles el aborto terapéutico. Y el tercero es salir del abandono en el que se tienen las políticas de salud sexual y reproductiva para las niñas y adolescentes, incluido el poco apoyo a las políticas contra la violencia hacia la mujer y la impunidad que terminan teniendo los violadores.
En este contexto, sin embargo, el Congreso de la República acaba de aprobar, por insistencia, una ley que propone reconocer derechos al concebido. Esta iniciativa fue presentada por la congresista de Renovación Popular y presidenta de la Comisión de la Mujer, Milagros Jáuregui, y observada por el Ejecutivo en mayo último porque propone modificar el Código Civil para establecer que la vida humana comienza en la concepción –hoy toda persona es sujeto de derecho desde su nacimiento–.
En su cuenta de X (antes Twitter), Jáuregui escribió: “Victoria pro vida, aprobado por insistencia el PL785, de mi autoría, que establece la Ley que reconoce derechos al concebido, comenzando con el derecho a #LaVida”. Recordemos que, frente al caso de ‘Mila’, una niña de 11 años que se sometió a un aborto terapéutico tras ser violentada sexualmente por su padrastro, Jáuregui declaró: “Lo que le ha pasado a ‘Mila’ es un caso terrible, pero desafortunadamente pasa muchas veces en el Perú. Acá hay casas de albergues para niñas y adolescentes embarazadas. Sería excelente que vayan, ustedes se van a quedar asombradas cómo niñas de once años han tenido a la bebe y pueden tener una vida muy sana”. Terrible.
Según la norma aprobada, se entiende como concebido “el ser que resulta de la unión de un óvulo y un espermatozoide, lo cual ocurre antes de la implantación en el útero”. Establece que, en situaciones de riesgo médico en los que se ponga en peligro la vida de la gestante y el concebido, corresponde a la madre o al cónyuge “decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse”.
Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, esta norma “constituye un preocupante retroceso para la protección de los derechos de las mujeres”. Y que va en contra especialmente de aquellas niñas y adolescentes embarazadas producto de una violación sexual. Esto, porque podrían ver restringido “el acceso a los servicios integrales de salud, entre ellos, el aborto terapéutico y el anticonceptivo oral de emergencia” cuando se está en riesgo la salud o la vida.
La Defensoría del Pueblo se ha manifestado en esa misma línea. “De aprobarse el proyecto de ley, se obstaculizará acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres, en especial niñas y adolescentes, víctimas de violación sexual, más cuando Comité de Derechos del Niño exige garantizar interrupción de embarazo por riesgo a su vida y salud”, expresó la institución.
En realidad, la aprobación de esta ley no condiciona la aplicación del aborto terapéutico y solo repite lo ya establecido en la Constitución Política. Es decir, el Congreso continúa gastando recursos y tiempo en iniciativas que no aportan al país. Pero sí es una victoria de los grupos ultraconservadores para reinstalar nuevamente en la agenda de discusión esta visión que cuestiona que una niña embarazada producto de una violación pueda acceder al aborto terapéutico. En el Perú, el aborto terapéutico está autorizado cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. Aunque no se considera la interrupción del embarazo por causal de violación, muchas niñas pueden acceder a este procedimiento porque sus embarazos representan, de por sí, enormes riesgos a sus vidas.
Como ha informado recientemente este Diario, según la actual norma técnica de salud de planificación familiar, el Estado debe entregar métodos anticonceptivos, siempre que sean solicitados, aunque el pedido venga de un menor de edad. Sin embargo, un estudio reciente realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) alertaba de que, del total de adolescentes entre los 14 y 17 años que recibieron consejería en temas de salud reproductiva, solo al 25% de mujeres y al 33% de hombres les entregaron anticonceptivos. Y que la diferencia es aún mayor en la población de 12 a 13 años, donde el porcentaje fue del 6% y 10%, respectivamente. Esto es lo que se debe cambiar.
Necesitamos prevenir embarazos, no plantear normas declarativas que solo confunden el foco de dónde debe centrarse una política pública efectiva de prevención de embarazos, especialmente los adolescentes. El Estado sigue sin hacer su trabajo.