Los bloqueos de carreteras y los desmanes en Huancayo son resultado de la incompetencia del Gobierno.
Los reclamos de los transportistas de carga pesada no son de ahora. Ya a inicios de noviembre los transportistas reclamaban estar “cansados de no llegar a un acuerdo” y de las “actas no cumplidas” (Canal N, 4/11/21, “Transportistas de carga pesada anuncian paro”).
El Gobierno quiso quebrar el paro haciendo acuerdos con algunos gremios del sector. Recordamos al ex ministro Juan Silva en esos menesteres.
No se detuvo el paro. Vino el bloqueo de carreteras y la reducción del abastecimiento de alimentos.
La reacción del presidente Pedro Castillo llevó más leña al fuego. Dijo que los paros y bloqueos eran “malintencionados y pagados algunos dirigentes y cabecillas”. Prometió: “pondremos orden en las próximas horas” (“El Peruano”, 31/3/22).
Luego, en Huancayo, hubo saqueo y violencia. Apedrearon la sede del gobierno regional, bancos y comercios privados.
El presidente Castillo se olvidó de la promesa de poner orden. Pidió voluntad de diálogo y se dirigió a sus “hermanos transportistas”.
“Sabemos –dijo en su cuenta de Twitter– que existen demandas urgentes que atender, pero será difícil resolverlas sin voluntad de diálogo y propósito de enmienda”.
“Hermanos transportistas – agregó el mandatario– , me comprometo a buscar soluciones en beneficio de todos”. (1/4/22, 10:10 p.m.).
¿Dónde están los dirigentes “pagados” y los “cabecillas”? ¿A dónde se fueron los “malintencionados”? ¿Recién se pondrá a “buscar” soluciones?
Ayer el presidente Castillo pidió perdón por sus declaraciones. No debió quedar en esa triste posición.
El resultado es, por supuesto un nuevo aliento a la desobediencia civil. Se consigue una nueva degradación en el respeto a la autoridad.
Un ministro de Transportes y Comunicaciones con capacidad de gestión no hubiera dejado el problema sin resolver. La raíz de todo es a quién se nombra ministro y con qué criterios.
No es lo mismo negociar que solucionar. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha transado beneficios con pequeños grupos de transportistas. Y no solo con transportistas; también, según las declaraciones de Karelim López, con congresistas.
Este es el signo del gobierno. La transacción menuda de beneficios públicos a cambio de “apoyos” políticos. Eso es un robo y, ante la situación económica nacional, mayores problemas.
Los desmanes de Huancayo grafican el desmanejo y la destrucción como consecuencia de este tipo de orientación. Un Gobierno sin autoridad y sin ideas sobre cómo resolver los problemas nacionales solo puede traer más desorden.
No hay que ser adivino para prever desgobierno en otros sectores. Ahí donde se nombró autoridades por razones de cuota política (o de ‘toma y daca’ perverso) se producirá este tipo de consecuencia.
Lamentablemente, el gobierno ha sido intenso solo en cooptar la administración pública. Cuando el presidente reclama “propósito de enmienda” debería tomárselo en serio. Esa debería ser su tarea, no la de los que protestan.
Rechazamos la violencia y el delito que se infiltran en el reclamo. Ello no nos debe hacer ignorar, sin embargo, las razones de la legítima protesta.
Antes de que aumenten los focos de crisis, el gobierno debe revaluar su política de nombramientos. Debe remplazar a los ministros que solo llevaron intereses políticos a la cartera y no la eficiencia de la hoy se adolece.