El ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, ha dicho que no va a renunciar. El presidente del Consejo de Ministros le pidió la renuncia, pero Maraví no hizo caso. Buscó y encontró el respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo.
La Constitución señala que el presidente de la República debe estar de acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros. “Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo” (art. 122).
Es claro que, con respecto a Maraví, no hay acuerdo. No hay lo que manda la Constitución. Ello abre una fisura en el Gobierno más grave de lo que parece.
A Maraví se le pide la renuncia no por poca cosa. Hay partes policiales de los años 80 que señalan su participación en actos terroristas, como la quema de un local partidario de Acción Popular, entre otros.
Maraví se ha defendido diciendo que él no tiene ninguna condena ni proceso. Es obvio que si los tuviera, no podría haber sido nombrado ministro.
“Se supone que si se hubiese encontrado responsabilidad producto del atestado policial, hubiese sido condenado, hubiese purgado prisión”, ha declarado.
También ha dicho: “Aquí existe odio. Toda aquella persona incluida en un atestado policial para la ultraderecha es culpable”.
Los atestados revelan testimonios que lo sindican como responsable de ataques terroristas. Mencionan que estuvo “no habido”.
Maraví tiene razón en que la vinculación con Sendero Luminoso debe darse por supuesta o no certificada. Eso no quiere decir, sin embargo, que no deba renunciar.
La renuncia o la censura de este ministro debe darse por falta de idoneidad en el cargo.
Desde el punto de vista judicial, por supuesto, debe valer la presunción de inocencia. Desde el punto de vista político, sin embargo, debe predominar el criterio de la idoneidad.
No es idóneo para ser ministro a quien se acusa o se puede acusar de tener un pasado terrorista. Un ministro con este tipo de cuestionamiento ¿puede ser independiente? ¿Puede tener autoridad para manejar su sector?
Si continúa en el cargo, su gestión sería permanentemente cuestionada. Tal es el caso de uno de sus primeros actos de gobierno: el reconocimiento de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), a la que se atribuye vinculaciones con el Movadef.
Del Fenate, además, ha salido el Frente Político Magisterial, partido que busca su inscripción para darle autonomía a las bases magisteriales que apoyan a Castillo. Si es así, se entiende mejor el distanciamiento con Perú Libre de Cerrón y Bellido.
Maraví sostiene que “el hecho que el premier me pida renunciar y que no lo haga [...] no provoca ninguna confrontación porque son puntos de vista respetuosos que se siguen dentro del marco de la legalidad”.
Bellido es, por así decirlo, jefe inmediato superior de Maraví. Le pide la renuncia. Maraví no renuncia. Si eso no es confrontación, qué más podría ser.
Este pulseo entre Perú Libre y los castillistas compromete la gobernabilidad. El presidente Castillo ha decidido responder con el respaldo a Maraví, quien no puede seguir en el cargo.
Maraví está cuestionado, no es idóneo y tiene que aclarar los supuestos vínculos con Sendero Luminoso, nada menos. Debe renunciar o ser censurado.