Las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete fueron separadas de sus cargos por haberse vacunado en secreto.
Martín Vizcarra también se vacunó en secreto, mientras era presidente. Como ya no lo es, no ha pasado nada con él. Es candidato al Congreso, y sigue en carrera.
Mañana la Comisión Permanente del Congreso discutirá las denuncias constitucionales contras estos tres ex altos funcionarios de gobierno. Se propone juicio político y antejuicio.
El juicio político no requiere que se pruebe la comisión de algún delito, pero sí una infracción a la Constitución. El presidente tiene como obligación cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
En el caso de la inoculación, el compuesto no tenía registro sanitario ni había culminado la fase experimental. Los permisos y autorizaciones se hicieron para el ensayo clínico.
Vizcarra sostenía que era un valiente voluntario del ensayo clínico. No lo fue y es fácil probarlo.
Vizcarra mostró una cartilla que no tenía códigos de barras, no figura en la lista de voluntarios, no hizo los seguimientos, se vacunó en Palacio de Gobierno y en su casa.
Vizcarra, claramente, no cumplió ni hizo cumplir las leyes y la Constitución. Si se obtienen los votos necesarios, el Congreso podrá sancionarlo con una inhabilitación de hasta 10 años para ejercer algún cargo público.
En el caso del antejuicio se deben imputar delitos. El abuso de autoridad sería el primero. Además, por supuesto, habrá que investigar la relación que pudo haber entre esta irregular y privilegiada vacunación y las tratativas con los laboratorios.
Las conversaciones con Pfizer eran las más avanzadas. De pronto, se cayó esa negociación y la remplazó la de Sinopharm. Eso hizo posible que estas vacunas llegaran primero, ya durante el gobierno de Sagasti.
Tiene que investigarse la participación de Vizcarra en la dirección de esas tratativas. Él era presidente de la República y prometía las vacunas para fines de diciembre. Todo el proceso estaría adelantado dos meses o más, si es que se hubiera actuado de manera rápida y decidida.
Tiene que conocerse, también, las razones que hubo en la elección de pruebas de descarte rápidas en lugar de las pruebas moleculares. Esta es una pieza fundamental para entender por qué el Perú tuvo el confinamiento extremo con el peor resultado de muertes por millón del mundo.
La prueba rápida señala quién tuvo el virus; la molecular, quién lo tiene. Para hacer un cerco epidemiológico efectivo, las rápidas no sirven. Esa estrategia causó miles de peruanos muertos en la primera ola.
Debe investigarse la responsabilidad de las más altas autoridades en esas compras, también. En caso se demuestre responsabilidad, los delitos pueden incluir tráfico de influencias, colusión y peculado.
En el caso de Vizcarra, el ‘vacunagate’ lo ha mostrado, de manera flagrante, como un mentiroso sin rubor. Esperar una sanción del electorado no es razonable ni suficiente.
Vizcarra aparecía todos los días en televisión y se disfrazó de héroe anticorrupción, como se disfrazó de “valiente voluntario”. Todavía hay quienes creen en esa falsa imagen.
La información sobre su caso se demorará en llegar a todos los sectores de la población. Habrá quienes se aferren a esa imagen. Es probable que salga elegido, pero absolutamente necesario que sea sancionado.