El lunes, el Poder Judicial declaró improcedente el hábeas corpus interpuesto por la defensa legal del presidente Pedro Castillo contra la fiscal anticorrupción Norah Córdova, encargada de investigar las irregularidades detectadas en distintos procesos de licitación de Petro-Perú en supuesto beneficio del empresario Samir Abudayeh.
La decisión judicial determina que los derechos del jefe del Estado no fueron vulnerados por el Ministerio Público, toda vez que no se vulneró su derecho a la defensa ni a la inviolabilidad de domicilio en los allanamientos que la referida fiscal condujo al interior de Palacio de Gobierno. Eduardo Pachas, abogado del mandatario, había solicitado que Córdova “cese” toda actividad de investigación en torno del caso y la había acusado, habida cuenta de que esta se expresó en sus redes sociales contra la candidatura de Castillo en el pasado, de estar maquinando la “ejecución de un plan malévolo y perverso” para forzar la vacancia del presidente. Una teoría que, por lo visto, no encontró suficiente asidero en el Poder Judicial.
Pero el frustrado hábeas corpus presentado por el abogado del presidente es apenas una de las acciones que el gobernante o su círculo cercano han ensayado en las últimas semanas para frenar o poner trabas a los esfuerzos que buscan echar un poco de luz sobre lo que ocurre en el Ejecutivo a puertas cerradas, tanto en Palacio de Gobierno como en la casa del pasaje Sarratea, en Breña. De hecho, mientras la inquietud de la prensa, la ciudadanía e instituciones como la contraloría y la Procuraduría General del Estado ha venido en aumento, el hermetismo y la opacidad del Gobierno se han agudizado, a punta de pretextos y leguleyadas que solo dan cuenta de una vocación por las sombras.
Quizá el ejemplo más palmario de esto concierne a la identidad de las personas con las que Castillo se citó en la mencionada residencia de Breña. Como sabemos, en un primer momento, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que el mandatario facilitaría dicha nómina a la brevedad para luego, ante la constatación de que esto no había ocurrido, argumentar que dicha lista jamás había sido elaborada… ni se elaboraría en el futuro. “No es función del presidente hacer listas”, expresó bien suelto de huesos el señor Pachas, e insistió en que las reuniones sostenidas fuera de Palacio de Gobierno fueron de carácter personal, a pesar de que en el mentado lugar también hicieron su aparición varios congresistas oficialistas, un ministro de Estado, funcionarios de entidades como Essalud y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y la lobbista Karelim López.
El abogado del presidente también ha buscado generar confusión en torno de los videos publicados por “Cuarto poder” en los que se ve al jefe del Estado y a diferentes individuos ingresar a la casa de Breña. Según explicó Pachas en una conferencia de prensa, el material había sido adulterado maliciosamente por el dominical para hacer creer que Karelim López se había encontrado con Castillo en el inmueble… a pesar de que en el reportaje jamás se mencionó que ambos hayan acudido el mismo día. Se trató, en buena cuenta, de una defensa construida sobre una premisa falaz.
No olvidemos tampoco que días atrás el ministro de Justicia Aníbal Torres anunció la “revisión” del expediente del nombramiento del procurador Daniel Soria para evaluar si cumplía con los requisitos para el cargo que asumió hace casi dos años. Lo que, en buena cuenta, no es otra cosa que una represalia por la denuncia que este último efectuó contra el presidente ante la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
A todo lo anterior se suma la hostilidad del Gobierno hacia la prensa y su todavía incumplida promesa de dejarse entrevistar por los medios de comunicación. El resultado de todo es un presidente que sencillamente no tiene interés por ser transparente ni por rendirle cuentas a la ciudadanía. Y eso tiene que terminar. Ojalá el reciente revés legal del mandatario lo ayude a notarlo.