Un tuit publicado en la mañana del último domingo le abrió otro flanco al Gobierno. “Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, escribió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Con este mensaje (que, según reveló el titular de Justicia, Aníbal Torres, no fue acordado con los demás ministros), el jefe del Gabinete no solo contradecía a su ministro de Economía, Pedro Francke, sino que además borraba con una mano todo el esfuerzo que había hecho el presidente Pedro Castillo en los días previos para brindarles un poco de tranquilidad a los inversionistas durante su viaje por México y Estados Unidos.
En la noche, el mandatario intentó apagar el fuego, escribiendo en sus redes sociales que “cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”… y algo parecido hicieron otros ministros. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Como es evidente, ‘negociar’ con las pistolas sobre la mesa no es negociación; es chantaje. Si la alternativa para una empresa en caso no acepte las nuevas condiciones que el Gobierno quiere plantear sobre la marcha es la nacionalización, entonces, no hay nada que acordar ni pactar.
Como si todo el jaleo que armó el domingo no fuera suficiente, ayer Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, acudieron a la sede de Pluspetrol (la empresa que tiene la mayor participación en el consorcio Camisea) para dejar una “invitación a una reunión para iniciar […] el proceso de renegociación de los proyectos sobre el gas de Camisea”. Como si la enmienda que el presidente se vio obligado a hacer a raíz de su mensaje original en la víspera le importara muy poco. Como si, en realidad, Bellido habría salido empoderado del galimatías que él mismo formó.
No es tan complicado advertir las incoherencias que emanan, de un lado, los mensajes de Castillo asegurando que el Gobierno y el privado deben trabajar de la mano y prometiendo que su administración no le quitará nada a nadie y, del otro, su renuencia a remover del cargo a un presidente del Consejo de Ministros que corre claramente hacia la dirección contraria. Por eso, como dijimos ayer, él no es una víctima de los ardides o de las felonías de su primer ministro (que, como sabemos, también se ha dedicado a corregir, amonestar o amenazar públicamente a otros funcionarios); es el principal responsable. Peor aún, cuando la ciudadanía, ante la incertidumbre o las sospechas que rodean a su administración, solo recibe de él silencio o, en el mejor de los casos, lacónicos tuits.
Por otro lado, toda la afinidad que la amenaza de Bellido respecto de Camisea no tiene con el discurso de Castillo la encuentra en el de Vladimir Cerrón. Su anuncio parece un calco de las propuestas anacrónicas del ideario que Perú Libre presentó antes de la primera vuelta electoral y que decía, textualmente, que “como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros”. ¿Quiere decir esto que el Ejecutivo gobernará con el ideario de Cerrón? Nuevamente, como en tantas otras cosas que conciernen a esta administración, la respuesta es la misma: ni siquiera el presidente parece saberlo.
A estas alturas, por supuesto, ya no basta con que el jefe del Estado o su ministro de Economía salgan a pedirle calma al sector privado o prometan que cualquier cambio se hará de manera conjunta con los empresarios cuando su primer ministro tiene el poder de hacer añicos todos esos esfuerzos con un solo tuit y continuar con su agenda como si nada. Mientras el presidente siga manteniendo en el cargo a Bellido ninguna aclaración de su parte puede servir para darle tranquilidad a nadie.