Aunque no es novedoso que, de llegar al poder, un candidato a la presidencia abandone o incumpla el plan de gobierno con el que fue elegido, estos textos cumplen un papel importante en el proceso electoral. Por un lado, le permiten al elector darse cuenta de todo aquello que el político cree importante priorizar y expresan cómo este comprende la realidad nacional. Por el otro, dan una idea de los conocimientos y de la capacidad creativa del postulante para plantear soluciones a los problemas que ha identificado. Por eso, una revisión de estos documentos puede ser muy importante para emitir un voto responsable y, más adelante, para pedirle al funcionario elegido que rinda cuentas por lo que prometió en campaña y no cumplió.
Pero casi tan lamentables como las propuestas que nunca se ejecutan son las que los aspirantes a jefe del Estado nunca hacen por desidia o simple ignorancia de las aflicciones del país. En ese sentido, un vistazo a las omisiones existentes en los planes en cuestión también es importante, tanto para saber a qué no le prestarán atención quienes buscan ser elegidos como para hacerse una idea de cuán potable es la realización de los proyectos que sí piensan emprender.
El informe especial elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, que analiza los planes de gobierno de los candidatos que competirán en las elecciones de abril a través del lente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS), es una herramienta valiosa para distinguir los vacíos de la oferta electoral. Según este, por ejemplo, entre los temas para los que existen menos metas propuestas por las agrupaciones están los accidentes de tránsito, la resiliencia de los pobres a choques adversos económicos o naturales, la reducción del embarazo adolescente y materias como la salud mental y tratamiento de aguas residuales. Tópicos importantes por donde se los vea.
De acuerdo con el mismo reporte, los partidos cuyas propuestas comprenden menos elementos de los ODS son Acción Popular (16,1%), Avanza País (19%), Perú Libre (20,5%) y Runa (23,2%). Los que más elementos incluyen son el Partido Morado (73%), Victoria Nacional (69%), Somos Perú (67,9%) y Juntos por el Perú (63,4%).
Sin embargo, como hemos dicho, otra arista que hay que tener en mente al evaluar por quién votar es cuán posible es que lo que se promete se cumpla. En esa línea, un informe del Instituto Peruano de Economía publicado por este Diario analizó la viabilidad de algunos planteamientos hechos en los planes de gobierno a partir del gasto que suponen en el contexto económico actual. Por ejemplo, Victoria Nacional se plantea comprar 13.120 camas hospitalarias, un objetivo encomiable, pero que choca con la realidad, ya que costaría S/12 mil millones, más de la mitad del presupuesto total del sector salud en el 2021. Fuerza Popular, por su lado, pretende crear 80 nuevos hospitales, lo que demandaría el doble de todo lo invertido por el Estado en infraestructura de salud en los últimos cinco años.
Asimismo, en materia tributaria, un informe de El Comercio reveló que, según la opinión de múltiples especialistas, la mayoría de los planteamientos hechos son inviables. Avanza País, por ejemplo, tiene la idea de someter a referéndum una reforma tributaria, cuando la Carta Magna prohíbe que esto se haga. Por su lado, Juntos por el Perú habla de eliminar las exoneraciones tributarias, cuando el Ministerio de Economía precisa que para ello se requiere una evaluación previa, toda vez que muchas veces estos beneficios tienen un objetivo social. “Es un mito sostener que las grandes empresas gozan, en la actualidad, de exoneraciones, cuando, en la realidad, soportan la mayor parte de la carga tributaria nacional”, dijo a este Diario el tributarista Jorge Otoya.
En suma, aunque la oferta deja mucho que desear, el elector debe tomar en cuenta los planes de gobierno de los candidatos. Además de identificar qué buscan, hay que saber qué ignoran, en todo sentido del término.