Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, compareció en distintos momentos para brindar su versión sobre los graves señalamientos en su contra. Lo hizo, en un primer momento, en una entrevista con la periodista Rosa María Palacios en radio Santa Rosa y luego, al mediodía, en una conferencia de prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno.
Valer, como sabemos, arrastra un rosario de cuestionamientos que se han venido conociendo en las últimas horas, pero del que destacan, por su abyección, las denuncias que presentaron cinco años atrás su esposa y su hija por haberlas agredido. Sobre la primera, como mencionamos ayer, una jueza dictó medidas de protección a su favor y le prohibió a Valer realizar “cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso en agravio [de ella]” en el 2017. La segunda, por su parte, relató en una comisaría de la capital que el hoy ministro “le propinó bofetadas, puñetes, patadas, en el rostro y diferentes partes del cuerpo”.
El jefe del Gabinete, por su parte, ha negado las imputaciones, apelando a argumentos que oscilan entre la ingenuidad, el legalismo y la desfachatez, y que, más que aclarar su situación, solo la enredan aún más.
Ingenuidad, porque Valer sostiene que, aunque las denuncias en su contra se presentaron en el 2016, él nunca se enteró de estas sino hasta que la prensa las difundió. Es decir, en casi seis años, nunca se enteró de que cargaba con antecedentes que ahora la prensa ha descubierto en menos de 24 horas.
Legalismo, porque, por un lado, ha intentado desmentir el certificado médico que acreditó las lesiones de su esposa –y que sirvió como sustento para que se dictaran medidas para protegerla– y, por el otro, ha argumentado que, como no tiene sentencia judicial en su contra, entonces no hay imputación que valga. “Si ustedes encontraran prueba alguna, fehaciente, judicialmente sentenciado, yo renuncio en el acto”, les dijo a los medios presentes en Palacio.
Como sabemos los peruanos, sin embargo, la ausencia de un pronunciamiento judicial no equivale a la ausencia de un delito. Si hay algo que han probado decenas de casos de violencia de género archivadas en los últimos años a pesar de la contundencia de las pruebas y de los testimonios de las víctimas, es que alrededor de estos actos todavía existe un muro de impunidad difícil de sortear. Lo fehaciente, no obstante, es que hay denuncias en su contra y que, si estas no descalificaron en su momento al señor Valer en el plano legal, sí lo hacen en el plano moral y político.
Finalmente, desfachatez, porque ha sostenido que él nunca pudo hacerles daño a ambas, pues, mientras su esposa lo apoyó en su campaña al Congreso, su hija ha publicado algunos post con palabras “a favor de su padre” en su perfil de Facebook.
Peor aún, ha afirmado que lo que en realidad ocurrió con su hija fue que ‘le llamó la atención’, “como aquel padre que llamó la atención a su hijo en Miraflores cuando estaba agrediendo a un serenazgo”. Curiosa forma esa de llamar la atención con patadas y bofetadas que, además, según ha contado una vecina, motivaron que las personas aledañas al domicilio en alguna ocasión llamaran al serenazgo debido a la bulla que provenía del departamento del hoy titular de la PCM.
A todo lo anterior, además, el jefe del equipo ministerial le ha sumado una advertencia con ribetes de extorsión. Ha dicho que, si su Gabinete no recibe el voto de confianza, los legisladores “habrán perdido […] la primera bala de plata del Congreso”, y que luego el presidente Castillo podría utilizar “la bala de oro, que es la disolución del Congreso”. “En consecuencia, estaríamos hablando de una situación muy grave para el país, y eso es lo que no queremos”, añadió. Una fórmula nada asolapada de decirle a la representación nacional que, o se traga estas denuncias y le da la investidura, o corre el riesgo de ser disuelta.
Si ayer dijimos que Valer no podía seguir siendo ministro, hoy esa aseveración nos queda, si hacía falta, todavía más clara.