En la tercera semana de octubre los editoriales del diario El Comercio abordaron temas como la poca aprobación de Dina Boluarte, la posible admisión del partido político de Antauro Humala en las elecciones del 2026, la inmovilidad de la PNP tras tener el 44% de su flota vehicular paralizada, el índice de Chapultepec y el deterioro de la libertad de expresión y prensa en el Perú, la desconfianza ciudadana hacia jueces y fiscales, los más de 20 asesinados pese al anuncio del Estado de Emergencia y las protestas en Mesa Redonda por una ley inexacta.
En su editorial del lunes 14 de octubre, el diario decano advirtió que la aprobación ciudadana hacia la presidenta Dina Boluarte sigue cayendo sin reacción alguna de su parte o de su equipo.
“Desde sus máximos –de por sí, pobres– de marzo del 2023 con 19%, la última encuesta de Datum para El Comercio publicada ayer registra apenas 5% de aprobación. En la zona sur, su apoyo es del 3%, cifra demasiado cercana al margen de error de la encuesta (2,8%). La desaprobación nacional, por su lado, llegó a un pico del 92% en el mismo sondeo”.
El martes 15 de octubre el diario El Comercio comentó que admitir que el partido de Antauro Humala participe en las elecciones presidenciales del 2026 sería contribuir a socavar la democracia por dentro.
“El Poder Judicial tiene la solución a esta amenaza en sus manos y, si decidiera cancelar la inscripción de la organización de marras, la ciudadanía y la prensa debemos permanecer atentas a la posibilidad de que otros partidos presuntamente democráticos quieran, como Juntos por el Perú (JPP), darle cabida a Humala entre sus filas o acomodarse a su discurso totalitario y violentista para ganarse algunos votos”.
El hecho es que no existen resultados
En su editorial del miércoles 16 de octubre, El Comercio alertó sobre los más de 20 asesinados durante el estado de emergencia que desmiente al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, luego de comentar sobre la efectividad de esta medida.
“Según registros de este Diario, se han registrado al menos 23 asesinatos en 19 días de estado de emergencia. Eso, sin contar los atentados que no han dejado fallecidos, pero que suman a la percepción de que la medida no surte efectos”.
En su editorial del jueves 17 de octubre, el diario decano advirtió que la Policía Nacional del Perú no puede combatir el crimen y la inseguridad ciudadana con el 44% de su flota vehicular paralizada.
“Concretamente, el documento indica que un 44% de la flota vehicular policial está inoperativa. Y si bien parte de esas unidades vehiculares –entre autos, motos, camionetas y otros– es recuperable, existe un 26% que no lo es”.
Tras las protestas de los comerciantes de Mesa Redonda, el diario El Comercio comentó en su editorial del viernes 18 de octubre que en el Congreso se aprestan a cambiar una ley sobre la base de una premisa inexacta, afectando el futuro del Centro Histórico de Lima.
“El problema, sin embargo, es que en ninguna parte de la referida ley se menciona dicha posibilidad. Tampoco en el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima aprobado en el 2019. La ley no puede modificar los índices de uso, porque estos se modifican por ordenanza. Es decir, son competencia municipal y no del Congreso”.
En su editorial del sábado 19 de octubre, El Comercio comentó sobre el Índice de Chapultepec que advierte de un rápido deterioro en las libertades de prensa y de expresión en el país.
“El Índice Chapultepec de la SIP arrojó dos conclusiones alarmantes sobre el Perú. La primera, que en el último año fuimos el país que registró el mayor retroceso en estas libertades en América Latina. Y la segunda, que hemos ingresado al grupo de países con “alta restricción” para ellas, a solo un escalón de la zona del silencio que habitan Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
Finalmente, en el editorial de hoy, el diario El Comercio advierte sobre la alta desconfianza ciudadana de jueces y fiscales presentada en una última encuesta de Datum Internacional preparada para El Comercio.
“Según el sondeo, el porcentaje de la población que desconfía del Ministerio Público y de los jueces llega al 86% en el primer caso, y al 87% en el segundo. Las cifras son marcadamente inferiores a las que registra incluso la policía, con un 66% de desconfianza”.