Ayer, luego de dos semanas de pedirle al presidente Pedro Castillo que definiera si lo apoyaba a él o al comandante general de la policía, Javier Gallardo, y una desde que amenazó con poner su cargo a disposición si el mandatario no se pronunciaba, el ministro del Interior, Avelino Guillén, presentó su carta de renuncia. Aunque para el momento en que se escribió este editorial todavía no se sabía si Castillo había aceptado su dimisión, parece muy difícil que esta vaya a revertirse.
Estamos, así, frente al tercer titular del sector que renuncia en seis meses de gobierno (una cifra que, por sí sola, ya es preocupante). Pero esta, a diferencia de las anteriores, reviste una gravedad particular y anticipa, desde ya, que se vienen tiempos muy turbulentos para la cartera encargada nada menos que de resguardar la seguridad interna del país.
Seamos claros: lo que ha ocurrido aquí es que el general Gallardo se ha impuesto en la pugna que mantenía desde hace semanas con el ministro Guillén. Y en esa victoria el jefe del Estado ha jugado un rol esencial porque, la verdad sea dicha, no es que no haya tomado posición, sino que, al ponerse de perfil, precisamente ha decidido respaldar a uno de los dos.
Como recordamos, las tensiones entre general y ministro venían desde hacía tiempo, pero en las últimas semanas la relación se había fracturado por la decisión del primero de reacomodar a algunos generales en direcciones claves del organigrama policial y recortarle miembros y presupuesto a la Diviac; ambas, disposiciones que el segundo rechazaba. Por lo anterior, el ministro Guillén le había solicitado a Castillo que diese de baja al general, el mismo al que el presidente había nombrado en setiembre pasado y a quien recibió en Palacio de Gobierno al menos 15 veces desde entonces. En lugar de darle de baja, como se ve, el mandatario decidió fortalecerlo.
¿Qué implica este endose del mandatario al general Gallardo? Implica, en primer lugar, avalar los cambios que este ha dispuesto en las altas instancias de la policía, entre ellos, el de ubicar a los generales Manuel Rivera López y Nicasio Zapata Suclupe como directores de Inteligencia y Anticorrupción, respectivamente. Tanto Rivera como Zapata se reunieron con el ahora ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco (investigado por la fiscalía por corrupción), en pleno proceso de ascensos a generales. Pacheco, además, ha sido implicado, según reveló IDL-Reporteros, en una trama de supuesta venta de cupos en los ascensos a generales.
Implica, asimismo, darle la espalda a la Diviac, una de las divisiones especializadas de la policía que ha recibido más reconocimiento por su labor en los últimos años, apoyando a las autoridades en casos complejos como Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y Los Dinámicos del Centro. Este último, como sabemos, que implica a varios líderes de Perú Libre, el partido oficialista.
Implica, además, dejar sin piso, no solo al ministro del Interior, sino también a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien, según versiones difundidas por la prensa, le había pedido al mandatario que respaldase a Guillén en la pugna que mantenía con Gallardo.
Implica, en fin, ungir a un comandante general cuyo manejo de los ascensos del año pasado ha sido fuertemente cuestionado no solo desde el exterior, sino también desde adentro de la institución policial. Según ha denunciado el ex subcomandante general de la PNP Javier Bueno, en dicho proceso se habrían sumado irregularmente los puntajes de los candidatos a fin de favorecer a unos en desmedro de otros.
En todo este desaguisado, no hay que olvidar que el presidente mostró esa tibieza que se ha vuelto tan característica de su gestión. Esto, sin embargo, no equivale a decir que se puso de perfil. Como dijimos anteriormente, la dimisión de Guillén es una victoria del general, una que no se habría logrado sin la aquiescencia del inquilino de Palacio de Gobierno.