Ayer, el dictamen que plantea una reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal y adelantar las elecciones a diciembre del 2023 naufragó en el Legislativo con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones.
Con ello, el Congreso de la República desperdició una oportunidad, después de una semana llena de violencia que se ha cobrado la vida de una veintena de peruanos, de proveer una salida medianamente razonable al caos que se vive en el país. Además, se ha tratado de una decisión que ha reunido tanto a la izquierda parlamentaria como a buena parte de la derecha, y que pone de relieve los vicios y limitaciones de nuestros políticos de ambas tendencias.
Desde la izquierda, el principal reparo con el dictamen fue claramente expuesto por la pantomima montada por sus miembros (entre los que destacan algunos acólitos del golpista apresado que han venido difundiendo los disparates de que es un preso político o de que el golpe, en realidad, se lo dio a él el Legislativo al declarar su vacancia). Antes de la votación, estos se colocaron en el centro del hemiciclo con carteles que demandaban la instalación de una asamblea constituyente y la inclusión de un referéndum en ese sentido en la cédula de votación de las elecciones adelantadas, un capricho ideológico con el que este sector viene insistiendo desde hace, por lo menos, 25 años. Para ellos resulta evidente que la válvula de escape al caos en el que se encuentra el país debe estar supeditada a la imposición de este pedido; un chantaje que demuestra su incapacidad para poner al Perú por delante de sus agendas particulares.
Desde la derecha, por el otro lado, los argumentos son algo más diversos y poco pragmáticos. Por ejemplo, se ha asegurado que concretar el adelanto de elecciones en estas condiciones supondría ceder ante quienes vienen generando violencia en el país. Aseguran también que supondría claudicar a las reformas que nuestro sistema político requiere y a las que, hay que decirlo, el Parlamento le viene dando largadas desde que se instaló.
Sobre lo primero, es importante resaltar que la demanda por el conocido “que se vayan todos” viene desde antes incluso del golpe de Castillo y se han publicado múltiples encuestas al respecto que así lo demuestran. Al punto de que muchos de los parlamentarios que votaron ayer en contra de la medida la describían hace apenas unos meses como una posibilidad siempre y cuando se vacase a Castillo primero. Sobre la necesidad de reformas, muchas de las cuales este Diario ha apoyado en diferentes oportunidades desde esta página, como es el caso del retorno a la bicameralidad, por ejemplo, pareciera que no ha existido ni el tiempo ni la voluntad para llevarlas a cabo en el actual Parlamento.
El adelanto de elecciones en una situación crítica como la actual sería una demostración de que el Congreso tiene intenciones reales de aportar a la solución de la crisis. Un acto de desprendimiento en medio del páramo de mezquindades en el que los peruanos hemos visto moverse a nuestras autoridades en las últimas semanas. Y, sin embargo, los legisladores fueron incapaces tan siquiera de darle al país ese gesto. Como si realmente no se hubieran enterado del papel que juegan en esta hora clave.