Otra vez investigado

Ayer la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dado otra muestra de que, bajo su liderazgo, el Ministerio Público está dispuesto a ponerse a la altura del reto que tiene por delante ante la abundancia de indicios de corrupción relacionados con este gobierno. A la determinación de continuar con la decisión, adoptada originalmente por el fiscal Pablo Sánchez, de investigar al presidente Pedro Castillo por su presunta participación en la red criminal que orientaba licitaciones desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de crear un equipo especial para luchar contra la corrupción en el poder, ella ha sumado ahora la de dejar sin efecto la suspensión de la investigación al actual mandatario por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Como se sabe, meses atrás, la ahora exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos dispuso que, no bien abierta, tal investigación fuese interrumpida hasta la culminación del mandato del profesor Castillo. Lo hizo invocando el artículo 117 de la Constitución, que establece que un jefe del Estado no puede ser acusado, pero nada dice sobre la posibilidad de investigarlo.

Quien la sucedió brevemente en el cargo, el ya mencionado fiscal Pablo Sánchez, hizo evidente que no compartía ese criterio al iniciar –y no suspender inmediatamente– la pesquisa al presidente por el caso de las licitaciones del MTC. No hizo lo propio, sin embargo, con la investigación del caso de las FF.AA., quizá por falta de tiempo. No obstante, esto ahora ha sido subsanado por la nueva titular del Ministerio Público.

La verdad es que los indicios de que el gobernante trató de intervenir en más de un ascenso militar saltan a la vista. Las denuncias de los ex comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea Peruana (FAP), José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, respectivamente, fueron más que elocuentes al respecto. Y los chats sobre la materia, cuya autoría el mandatario ya reconoció, también. Según el jefe del Estado, él solo buscaba conocer detalles sobre los procesos de promoción en marcha, pero mensajes como aquellos en los que le dijo a Vizcarra: “Comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe… Para Coronel” llevan una impronta de orden insoslayable. La voluntad de hacer la vista gorda ante una situación tan clamorosa es una sombra que pesará sobre quien dispuso la suspensión que ahora, acertadamente, ha sido desactivada.

La dimensión política de esta nueva circunstancia es, por cierto, considerable, pues les abre un nuevo frente al presidente Castillo y a su entorno, que ya venían lidiando con varias otras acusaciones de corrupción, y lo venían haciendo mal. Lo delicado de una situación así, sin embargo, no puede ser razón para ignorarla. Todo lo contrario.

No es de sorprender que uno de los abogados del mandatario, Benji Espinoza, haya presentado ayer mismo ante el Ministerio Público un pedido de “nulidad absoluta” de lo dictado recientemente por su titular a propósito de la pesquisa en cuestión. Sus argumentos se remiten una vez más al artículo 117 de la Constitución y a la naturaleza de “cosa decidida” que tendría la disposición original de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, lo que anticipa una prolongada discusión de orden legal.

Mientras tanto, no obstante, la fiscal Benavides ha citado al gobernante para que declare sobre el caso de los ascensos militares el 4 de agosto, lo que constituirá una nueva prueba para el compromiso de colaborar con la justicia que tantas veces ha manifestado y casi otras tantas ha incumplido.

Más allá de la reacción del presidente ante este trance, lo que resulta importante destacar aquí es que la anulación de la suspensión de la pesquisa sobre los ascensos en las FF.AA. no solo era lógica, sino también necesaria. Indispensable, en realidad. Y, en medio del deterioro institucional que vivimos desde hace meses, ver que el Ministerio Público avanza a paso firme en este asunto es gratificante.