La publicación hecha en los últimos días por este Diario de los mensajes de WhatsApp entregados a la fiscalía y a la Comisión de Defensa del Congreso por el general José Vizcarra, ex comandante general del Ejército, ha traído por tierra la especie sostenida por el ahora exministro de Defensa Walter Ayala, en el sentido de que los chats que presuntamente lo comprometían en un intento de interferir en los procesos de ascenso de las Fuerzas Armadas no existían.
Los mensajes, a los que El Comercio ha accedido, son preocupantes, toda vez que existen y ponen en evidencia una pretensión del entonces titular de Defensa (a través de su edecán, Youri Hurtado), del ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco y del propio presidente Pedro Castillo de que se favoreciese a militares cercanos o afines al Gobierno, promoviéndolos al grado militar inmediatamente superior al que ostentaban. En el caso del mandatario son muy comprometedores, por un lado, sus mensajes inapropiados hacia el mencionado general (“Le pido conversar con Bruno [Pacheco] para unos temas urgentes”, decía uno de ellos, mientras que en otro reenvía un nombre, el del comandante del Ejército “Hugo Torres Quispe”, junto con una indicación escueta, pero reveladora: “para coronel”), y por otro, el hecho de que su nombre haya sido invocado repetidamente por los otros dos exfuncionarios para darles peso a sus demandas.
Es de notar que la lista de los recomendados fue enviada por Ayala a través de Hurtado a partir de los primeros días de octubre y se fue extendiendo a lo largo del mes, incluyendo nombres de militares que ni siquiera estaban entre los candidatos para el ascenso porque habían obtenido puntajes demasiado bajos como para aspirar a ello. Como es de conocimiento público, tanto el general Vizcarra como el ahora ex comandante general de la FAP Jorge Chaparro (que también recibió presiones para favorecer el ascenso de determinados oficiales en su arma) no cedieron a las irregulares demandas y fueron inmediatamente pasados al retiro a pesar de que habían sido nombrados para sus respectivos cargos –con las firmas de Castillo y Ayala– apenas tres meses atrás. Y la posible relación causa-efecto entre una cosa y la otra resulta bastante obvia.
El escándalo que siguió a la divulgación de estos hechos tuvo repercusiones políticas muy importantes, entre las que se cuentan las renuncias forzadas de Ayala y Pacheco a los puestos que ocupaban, así como la inclusión de la fallida operación entre los argumentos que la congresista Patricia Chirinos consignó en la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que se votó la semana pasada en el Parlamento.
Como se sabe, tal iniciativa no alcanzó los votos necesarios para ser admitida a debate y fue enviada al archivo, pero eso no ha extinguido los problemas penales que podrían derivarse de la situación. De hecho, inicialmente estaba programada para hoy a las 10 de la mañana la cita para que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, recogiese la declaración del presidente Castillo en el contexto de la investigación abierta por ella contra los ya mencionados exsecretario de Palacio y exministro de Defensa por los supuestos delitos de patrocinio ilegal y abuso de autoridad.
Sin embargo, alrededor de las 4 p.m. de ayer, el Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que dicha convocatoria sería reprogramada a pedido del mandatario para una nueva fecha, pero es claro que, más temprano que tarde, el presidente tendrá que decir su verdad acerca de este enojoso asunto que tan de cerca lo toca.
Por todo ello, llama la atención que hasta ahora no haya tomado al toro por las astas y aclarado ante el país cuál ha sido su participación en las presiones que trató de ejercer sobre los mandos militares para obtener la promoción de personajes allegados a Palacio. El silencio jamás despeja dudas: las acrecienta. Y la verdad es que, precisamente por esa razón, su decisión de solicitar una reprogramación resulta muy contraproducente.