Dos crisis son peor que una

El terremoto que desencadenó la captura del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, a finales de noviembre pasado y sus posteriores declaraciones ante las autoridades han generado una serie de preocupaciones en torno de cómo se han venido manejando las investigaciones –incluso algunas de las más emblemáticas– en nuestro país y han motivado, en consecuencia, ciertos pedidos de reforma en instituciones como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Como ocurre en toda crisis, sin embargo, no han faltado los oportunistas que buscan pescar en río revuelto o, en otras palabras, utilizar la coyuntura como excusa para sacar réditos particulares. Y eso es lo que ocurre con un reciente proyecto de ley impulsado por Perú Libre.

El miércoles, en efecto, el legislador del partido del lápiz Segundo Montalvo presentó una iniciativa legal junto con cinco compañeros de su bancada (Margot Palacios, Waldemar Cerrón, María Agüero, Américo Gonza y Kelly Portalatino) para “declarar en emergencia” la Fiscalía de la Nación por dos años y ordenar su reorganización. La propuesta establece que las funciones del actual titular de la institución, Juan Carlos Villena, y de la Junta de Fiscales Supremos sean suspendidas y, en su lugar, se conforme una Asamblea Nacional de Fiscales (ANF) de siete integrantes –cuatro elegidos por los presidentes de las juntas de fiscales superiores; y otros tres, por los presidentes de las juntas de fiscales provinciales– que quede a cargo de ellas.

Además, el proyecto contiene una serie de disposiciones complementarias transitorias que se integrarían a la actual Ley Orgánica del Ministerio Público y que supondrían una intervención al trabajo que vienen realizando los equipos especiales, así como las coordinaciones entre las fiscalías. Por ejemplo, con esta ley se dejaría establecido que “la coordinación de los equipos especiales […] debe recaer en un fiscal superior titular”, con lo que la fiscal Marita Barreto, que actualmente coordina el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), tendría que dejar este encargo, dado que actualmente tiene la condición de “fiscal superior provisional”.

Como es evidente, una reorganización como la propuesta por Perú Libre implicaría una parálisis de las investigaciones en marcha y la posibilidad de que estas puedan ser intervenidas desde afuera con objetivos poco elogiosos. Esto, viniendo de un partido con varios pendientes con la justicia, es suficiente para hacer sonar todas las alarmas.

No es de extrañar que el propio Vladimir Cerrón, fundador de la organización y sentenciado por corrupción, haya utilizado sus redes sociales para ‘saludar’ la presentación de la iniciativa desde la clandestinidad, donde se halla desde hace cinco meses burlándose de la justicia. Recordemos que Cerrón, además de una condena vigente, tiene entre otras investigaciones en marcha; una por lavado de activos (por la que se dictaron 36 meses de prisión preventiva en su contra en diciembre), otra por el caso conocido como Los Dinámicos del Centro y una más abierta recientemente por tráfico de influencias agravado tras unas declaraciones de Jaime Villanueva.

Pero no es el único. El propio autor del proyecto, Segundo Montalvo, aparece imputado en al menos cinco procesos en Amazonas hasta el 2023 por delitos como hurto agravado y usurpación, además de ser un impulsor de la formalización de los taxis colectivos en la capital, pese a tener él mismo su brevete cancelado tras acumular una serie de papeletas. Mientras que algunos de los que firmaron la iniciativa, como los congresistas Waldemar Cerrón y Américo Gonza, son investigados o aparecen mencionados en otras pesquisas del Ministerio Público.

Hay que decir que Perú Libre no es el único partido que apuesta por una fórmula como esta. Renovación Popular, por ejemplo, también ha anunciado un proyecto para reorganizar el Ministerio Público que todavía no ha sido presentado. El problema con estas iniciativas es que integrantes de otras bancadas han manifestado estar de acuerdo con ellas, lo que sugiere que podrían ser aprobadas. Ojalá los legisladores lo piensen dos veces, pues lo último que necesita el país es que a la crisis que ya envuelve al Ministerio Público se sume otra que ponga en riesgo los avances obtenidos hasta ahora.