Los datos sobre la corrupción en el Gobierno Regional de Junín son abrumadores y conocidos ya desde algún tiempo atrás. En estos días, sin embargo, la fiscal Bonnie Bautista, a cargo del Caso Los Dinámicos del Centro, ha agregado a lo que se sabía información explosiva. Según ella, el propósito del dinero que la presunta organización criminal obtenía de la emisión irregular de licencias de conducir era “financiar la campaña política del partido de turno [Perú Libre] en esta gestión 2019–2022 que, como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y las elecciones congresales”. Una actividad que, siempre de acuerdo con la representante del Ministerio Público, “se habría incrementado en abril del año 2021 a consecuencia de que este partido político pasa a la segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma”.
La denuncia, como se ve, es muy seria y está basada en conversaciones extraídas de escuchas telefónicas legales y el testimonio de tres aspirantes a colaboradores eficaces.
El destape de estos casos, además, ha llevado a la detención de personajes claves tanto en la estructura del Gobierno Regional de Junín como en la del partido liderado por Vladimir Cerrón, como Marina Vásquez, mientras que otros se encuentran prófugos o “no habidos”, como Eduardo Bendezú y Arturo Cárdenas.
Pues bien, si en cualquier momento la relevancia periodística de esta información habría sido obvia, en las actuales circunstancias –en las que el candidato de Perú Libre podría tomar pronto las riendas del Ejecutivo– adquiere una preponderancia que cualquiera imaginaría indiscutible. De hecho, así parecía haberlo entendido Pedro Castillo mismo, quien el domingo en la mañana manifestó que se sometería a cualquier tipo de investigación al respecto.
Horas más tarde, no obstante, la agrupación fundada por el sentenciado exgobernador regional de Junín colocó en su cuenta institucional de Twitter el siguiente mensaje: “Hay una desesperación enorme de la derecha por involucrar a Castillo en financiamiento ilegal de su campaña y el Grupo Comercio hace eco con su monopolio. Por ello necesitamos una ley de medios y terminar con estos extorsionadores”. Un anuncio del que se sigue que la pretendida ley de medios sería fundamentalmente un instrumento para evitar que este Diario y otros medios “hagan eco” de las denuncias que los incomodan. O, más claramente, una forma de tener a la prensa controlada si llegan al poder.
La amenaza, que es consistente con lo que el ideario de Perú Libre (presentado como plan de gobierno antes de la primera vuelta) afirma sobre la presunta necesidad de “evaluar los contenidos de la televisión y la radio antes de la difusión”, ha sido escoltada por otros tuits de Cerrón y de aliados llegados recientemente al entorno del profesor Castillo que apuntan en el mismo sentido y que hacen indispensable sentar posición sobre lo que aquí está en juego.
Si de extorsiones quieren hablar, entonces, la verdad es que ninguna resulta tan meridiana como la que entraña la declaración que nos ocupa. En buen romance, lo que el mensaje colocado por los voceros del partido en las redes insinúa es que, si los diarios y canales no dejan de difundir los datos sobre presunta corrupción que los ponen en la picota, sufrirán las consecuencias de una “ley de medios” que terminará con ellos.
¿Cuál es la posición del candidato presidencial de Perú Libre sobre esto? Hasta el momento, no conocemos pronunciamiento alguno de su parte sobre el particular, pero habría que reclamárselo, pues todos guardamos frescos en la memoria los recuerdos de cómo se azuzó en sus mítines a la turba contra los periodistas que cubrían tales eventos. Y en esencia, este último gesto de matonería no difiere mucho de aquella actitud.
Ahora como nunca hace falta escuchar la palabra del maestro.
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