La nota amarga para cerrar el año ha sido la revelación de las cutras de Odebrecht. No por novedosa, porque se sabía que esa empresa apestaba a pescado podrido. Sino por el reconocimiento que han hecho sus directivos ante la justicia estadounidense.
Coimeros y mentirosos. Como resulta evidente si uno revisa los comunicados que Odebrecht Perú difundió en los últimos meses. En junio del 2015 dijo: “Rechazamos rotundamente que se pretenda involucrar a la organización Odebrecht en pagos de sobornos”. En febrero del 2016: “Odebrecht Perú nunca ha realizado [...] entrega indebida de dinero a políticos o autoridad pública”. Un mes más tarde: “Los análisis y reflexiones [...] llevaron a que Odebrecht se decidiera por una colaboración definitiva con las investigaciones...”. La última ha sido un chiste de la semana pasada: “La empresa reafirma su cooperación con las autoridades peruanas y viene adoptando medidas...”.
Y esta es para que la cuente en su mesa de Año Nuevo: el nuevo encargado ‘anticoima’ de Odebrecht en Brasil declaró hace poco que los “desvíos de conducta lamentables” fueron resultado de que el código de conducta de la empresa no estaba lo suficientemente desarrollado. El nuevo, dijo, tendrá “más de 60 y tantas páginas”. O sea, coimearon porque no se entendía bien la redacción del código anterior.
Si la empresa realmente estuviera dispuesta a colaborar con las autoridades, ya hubiera enviado al fiscal de la Nación la lista completa de sus delitos, con fechas, montos e involucrados. Esa es la única colaboración válida en estos momentos.Porque el pecado no es solo la cutra. Sino la multiplicación de los presupuestos que varias de las obras de Odebrecht han tenido, facilitada por autoridades refiladas. Esas coimas no las han pagado los accionistas de la empresa, las ha pagado usted con sus impuestos, junto con el sobreprecio de las obras.
Más allá de exigir a la empresa la entrega de la información sobre los delitos, las autoridades y empresas locales deberían hacer todo lo posible para acotar sus negocios, cancelar en lo posible sus contratos y cortarles las facilidades para continuar funcionando en el Perú. No se ha conocido aún que ningún banco le haya cerrado las cuentas o suprimido líneas crediticias existentes.
Hay que pedir también que se lleven su estatua del ‘Señor de la Cutra’, que de otro modo va a perennizar desde el Morro Solar las fechorías cometidas. Y nos va a recordar para siempre que esas manos abiertas no eran para repartir bendiciones, sino sobornos con nuestro propio dinero.
Finalmente, la intervención ágil de la justicia estadounidense nos deja quizá otro aprendizaje. ¿Podríamos pedir en adelante al ganador de una concesión o contrato de obra pública importante que constituya una oficina de representación en Estados Unidos? Por lo menos que canalice su inversión desde cuentas de bancos en ese país.
Eso puede ayudarnos a conseguir indirectamente el brazo implacable de los gringos, allí donde nuestro precario sistema de justicia tardaría siglos en imponer la ley. Nosotros somos muy débiles para perseguir la corrupción, como lo prueban los cuatro años que están por cumplirse en enero del escándalo Ecoteva. Sin ninguna sentencia emitida y mientras el ex presidente Alejandro Toledo se pasea por el mundo y hasta participa en cumbres internacionales.
Ojalá que de este trance aciago, que va a tomar meses en despejarse, surja un renovado espíritu de capitalismo honesto y justicia oportuna. La economía de mercado no es para delincuentes.