No parece quedar mucha originalidad en Palacio de Gobierno para establecer una narrativa que convenza a la gente de por qué no debe movilizarse o apoyar las marchas; solo hay discursos para fidelizar a los pocos que apuestan por el statu quo. El mensaje dado por la presidenta, rodeada de sus ministros de Estado, pudo ser archivado en el baúl de lo intrascendente si no hubiese usado, una vez más, el terruqueo con la esperanza de que todos los peruanos nos unamos contra la supuesta amenaza antidemocrática. Ha afirmado la presidenta que hay “voces del Vraem que quieren tomar, desde el centro, a todo el país”.
A estas alturas, el terruqueo ya está bastante desprestigiado, reproduce racismo y discriminación; pero, además, revela la conveniente miopía de quien carece de liderazgo. Y es que, a diferencia de las movilizaciones anteriores, los limeños se suman como actores relevantes. Grupos progresistas y liberales –de centro y derecha– alientan las marchas movidas por el rechazo al Congreso, la percepción de una alianza con Boluarte hacia el 2026 y los excesos del uso de la fuerza –desde la impunidad por las muertes producidas a inicios de año hasta el accionar arbitrario del policía denunciado en los últimos días–.
Otro eje de la narrativa de Boluarte ha sido la economía. La presidenta, junto a su ministro Alex Contreras, ha hecho hincapié en las pérdidas millonarias que producen las protestas. No olvidó añadir que las marchas generaban una mala imagen del país y ahuyentaban a los inversionistas. Sin duda, existe una gran y legítima preocupación de los empresarios –desde los grandes hasta los pequeños, formales e informales– por las movilizaciones de estos días. Más aún cuando se debate si el Perú ha entrado en recesión debido a las cifras de decrecimiento.
Pero en la ecuación de nuestra desventura económica, la presidenta olvida a un Congreso que produce leyes irrelevantes o populistas que atentan contra la productividad y competitividad como señala el exministro de Economía David Tuesta. Olvida también el nefasto mensaje que reciben los inversionistas al escuchar a su supuesto aliado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, desconocer la resolución de un tribunal arbitral internacional que ordena suspender el proceso de caducidad del contrato con Rutas de Lima. Boluarte obvia las propias deficiencias de su gestión en materia económica –de lo que los propios empresarios ya tomaron nota–. Y si de mala imagen se trata, la presidenta multiplica por cero titulares internacionales sobre la vergonzosa denuncia por presunto plagio y la muy seria investigación fiscal en su contra por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Finalmente, como último intento para contener la movilización, el primer ministro de gran espíritu deportivo, Alberto Otárola, apeló al profundo y tradicional sentimiento futbolístico haciendo un llamado para que todos puedan ver en paz el clásico entre Alianza Lima y Universitario. Lo que intentó ser una intervención creativa, terminó erizando a los detractores, quienes lo acusaron de banalizar la agenda de la movilización que tiene como antecedente decenas de muertes, y tal vez se convirtió en el empujoncito que algunos necesitaban para salir a la calle; es decir, un autogol de media cancha. Quizá, por lo menos hoy, el silencio hubiese sido lo mejor.