Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, archivar la investigación en contra de la presidenta de la República por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
A través de un escrito, el letrado pidió formalmente que se declare que no procede formalizar ni continuar con la indagación contra Boluarte Zegarra por las muertes registradas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.
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Entre sus argumentos, Campos alega que se ha demostrado durante la investigación que su patrocinada no participó en los hechos imputados y no se configuran los hechos objetivos y subjetivos de los delitos.
En diálogo con RPP Noticias, el abogado afirmó que los delitos imputados a Dina Boluarte “no tienen sentido en el escenario que se provocó por otros” y en las diligencias se ha descartado que haya existido alguna orden por parte de la mandataria respecto a las muertes.
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“Está claro que algunas imputaciones no tenían sentido desde el inicio, como por ejemplo el genocidio. Su construcción como norma jurídica supone una circunstancia política: que hay que ataca a un grupo humano por lo que es y no por lo que hace”, expresó.
“Lo que hemos visto nosotros, y además calificado por la propia Comisión interamericana de Derechos Humanos, fue que ocurrieron manifestaciones violentas que de ninguna manera son susceptibles de ser calificadas como protestas. Lo que ha ocurrido son circunstancias lamentables que se están investigando, pero que no pueden escalar de manera directa”, agregó.
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En ese sentido, para el abogado de Dina Boluarte la mandataria estuvo llamando a la calma y estuvo instruyendo en todo momento, a través de diversos medios en castellano y quechua, el control del orden interno con el respeto irrestricto de derechos humanos.
“Aquí ha habido alguien que mantuvo la zozobra y la violencia, y que provocó un contexto que tendrá que ser investigado. Hay víctimas, todas se lamentan, en varios sitios, niños que han muerto producto de esta insana violencia que vivimos y el suboficial (José Luis) Soncco, que fue lapidado y quemado (en Puno)”, sentenció.
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Como se recuerda, la investigación, anunciada el pasado 10 de enero, también incluye al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al entonces ministro del Interior, Víctor Rojas; al titular de Defensa, Jorge Chávez Cresta; a Pedro Ángulo en su condición de exprimer ministro y a César Cervantes como extitular del Interior.
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