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César Quispe Alcócer
En el Perú, recuperar la confianza en la justicia exige más que reformar las instituciones: también requiere revisar cómo ejercemos la abogacía. Según el INEI (2026), el 83,4 % de la población desconfía del Poder Judicial. Asimismo, Proética (2025) señala que el 33 % de los encuestados considera a esta institución una de las más corruptas del país. ¿Qué responsabilidad tienen los abogados en esta crisis?
Cuando una persona acude a un abogado, espera orientación, transparencia y una defensa eficaz. Sin embargo, esa confianza se debilita cuando algunos profesionales prometen resultados imposibles. Estas prácticas perjudican a quienes buscan justicia y alimentan la percepción de que el derecho puede convertirse en un negocio ajeno a la ética.
El problema tampoco se limita a la mala fe. Una preparación jurídica deficiente puede comprometer la calidad de la defensa y afectar derechos fundamentales. Por ello, el artículo 139, inciso 14, de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de defensa en todo estado del proceso. Ejercerlo adecuadamente exige conocimientos sólidos, actualización constante y responsabilidad profesional.
Frente a esta realidad, el abogado que necesita el Perú debe reunir tres pilares: conocimiento, ética y compromiso con la justicia. La formación ética debe fortalecerse desde las universidades y mantenerse durante el ejercicio profesional. Recuperar la confianza ciudadana exige abogados que ejerzan su profesión con conocimiento, ética e integridad. Porque la confianza no se exige, se demuestra, y la justicia pierde su sentido cuando se defiende el derecho sin principios.
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César Quispe Alcócer
Piero Hatto
Jorge Chávez Noriega
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