El Ministerio Público, a través del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, solicitó nueve años de cárcel para Elmer Cáceres Llica, como autor del delito contra la administración pública, colusión agravada por la adquisición de 116 butacas para el coliseo de La Montera, cuando era alcalde provincial de Caylloma.
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Lo propio fue requerido para los exfuncionarios Fabiano Almanza Almanza, José Figueroa Huanqui, Guillermo Hans Valcárcel, y la proveedora Antonia Lara Ibana, por el delito de colusión agravada. Mientras que para Miguel Velázquez Condori, por el delito de falsedad ideológica, solicitó cuatro años de pena privativa de libertad.
La fiscal adjunta provincial Roxana Marlen Leiva Gómez, concluyó la investigación preparatoria y sustentó –en audiencia– la acusación contra Elmer Cáceres Llica, los exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Caylloma y una proveedora. Esta diligencia fue efectuada ante el juez de Investigación Preparatoria, que emitió auto de enjuiciamiento.
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Según la investigación, en el 2011, la Municipalidad Provincial de Caylloma –liderada por el entonces alcalde Elmer Cáceres Llica– convocó a una adjudicación de menor cuantía para comprar 116 butacas como parte de la obra ‘Creación del coliseo de La Montera’, proceso que se realizó con irregularidades.
El Ministerio Público sostiene que los acusados no observaron su deber de resguardar los intereses del Estado y concertaron con la proveedora Antonia Magaly Lara Ibana, para favorecerla con el otorgamiento de la buena pro en el proceso con documentación falsa.
En el caso de Elmer Cáceres Llica, arquitecto de profesión, aprobó los expedientes técnico y de contrataciones de la obra, y firmó el acta de suscripción del contrato. Para ello, adelantó los plazos y alegó la urgente necesidad del bien.
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Conforme a las pericias, los documentos de la oferta técnica y económica, el contrato e incluso el acta de suscripción se realizaron con la firma falsa de la ganadora del proceso Antonia Magaly Lara Ibana, quien no se apersonó a la entidad para firmar, pero sí cobró por la entrega de las butacas.
En la auditoría realizada por la Contraloría, se conoció que existe un perjuicio económico de S/ 21.460 por la adquisición innecesaria de las butacas. Actualmente, estos muebles se encuentran almacenados en el coliseo La Montera, pues no se instalaron debido a que sus características impedían el tránsito de las personas.
En este caso, el Ministerio Público también solicitó –para el acusado Elmer Cáceres Llica y los exfuncionarios involucrados– 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público.
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