Luego de que el domingo 20 un grupo de vecinos del distrito de Pichari (La Convención, Cusco) 'votara’ a favor de que los ciudadanos venezolanos se retiren de esta jurisdicción hasta fines de año, el Comité de Seguridad Ciudadana (Codisec) de este distrito acordó desestimar la propuesta. Sin embargo, concertaron que todos los venezolanos que residen ahí sean empadronados.
De acuerdo con una publicación hecha por la Municipalidad de Pichari, “los venezolanos, para empadronarse, deberán contar con sus documentos en regla (no haber ingresado al Perú de manera ilegal), constancia de trabajo, constancia de no tener antecedentes judiciales y penales, pertenecer a la organización de venezolanos en Pichari, entre otros”.
Máximo Orejón, alcalde de Pichari, dijo que durante la reunión que sostuvieron el marte a nivel de Codisec, presidida por él, acordaron “dar la bienvenida a los hermanos venezolanos, pero su estadía o permanencia va a estar establecida bajo ciertas normas de convivencia social”, declaró a El Comercio.
Dijo que estos ‘empadronamientos’ están siendo consignados por la Policía Nacional y, hasta el momento, hay 176 ciudadanos venezolanos en Pichari inscritos. “Caso contrario, quienes no van a contar con sus documentos en regla, se va a invitar su...que vuelvan a su estado de origen”, agregó la autoridad local.
Según el alcalde, la medida se basa en un pedido de la población. “Hay una cierta inseguridad en Pichari, generan desorden, toman, y hay un conjunto de robos. Eso manifiesta la población. Nosotros como autoridad no podemos expulsar, no estamos facultados ni mucho menos...pero estableciendo algunas normas de convivencia social”, agregó.
“No pienso que sea una medida discriminatoria porque si lo fuera afectaríamos. No estamos afectando. Es como en casa, que tiene que haber reglas de conducta”, finalizó Orejón.
-Usurpación de funciones-
El abogado Julio César Castiglioni explicó que esta medida supone un exceso de atribuciones por parte del municipio. “Están usurpando una función que no les corresponde y, en todo caso, la iniciativa debería tomarla el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Por su parte, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, dijo que este tipo de iniciativas no pueden ser asumidas por un gobierno local. “La Defensoría ha sido clara en que está fuera de la competencia de un gobierno municipal, no está previsto en el marco legal”.
Además, dijo que el Codisec solo aplica lo previsto en el marco legal. “El único que tiene a su cargo el manejo de registro es Migraciones”. Dijo también que enviarán, en el transcurso de las próximas horas, comunicaciones oficiales a la Municipalidad de Pichari para exhortarlos a dejar sin efecto esta medida, tal como hicieron en el caso de Pisco.
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