En el 62% de casos de abuso sexual de menores, el agresor es un familiar

En el Perú, las denuncias por abuso sexual de menores han ido en aumento. Del 2017 al 2021, crecieron en aproximadamente 50%. Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron para dicho período más de 54.000 casos. No obstante, este no es el panorama completo, ya que solo entre el 5% y 10% de los abusos son denunciados.

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Según cifras reportadas por el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef), a través de su campaña Quitémonos la venda, en el 93% de los casos las sobrevivientes son mujeres. El grupo más afectado tiene entre 12 y 17 años. Además, en el 99% de los casos los agresores son hombres.

En cuanto a los denunciados, el 62% tiene un vínculo familiar con la víctima: padrastros, padres, tíos, primos o abuelos. Cuando no existe relación familiar, los agresores suelen ser personas que la víctima conoce: maestros, vecinos o personas del entorno cercano.

Laura Salamanca, representante adjunta de Unicef, explica que las denuncias no se suelen hacer cuando el hecho ocurre por primera vez, sino en una tercera o cuarta ocasión, pues los menores sienten confusión o culpa.

Las cifras reportadas por el CEM muestran que el 46% de sobrevivientes ya ha vivido un episodio de abuso sexual. “Cuando llega a ser denunciada la violación es porque la niña, el niño o adolescente ya se cansó y ha habido todo un proceso para llegar al sistema judicial”, afirma.

Según la especialista, la educación sexual integral (ESI) es importante para conseguir que los menores reconozcan el abuso. “La ESI es un derecho y es una función que todos los ministerios de educación del mundo. Debería ser un bien publico, porque el Estado debe asegurar que un menor esté protegido y este debe saber que nadie tiene por qué tocarlo”, enfatiza Salamanca.

Para la representante de Unicef, el Ministerio de Educación (Minedu) debería cumplir cumplir con un rol preventivo. No obstante, desde el Congreso se han impulsado proyectos de ley que han puesto en peligro la ESI.

Así mismo, Salamanca explica que hay pocos incentivos para realizar las denuncias, dado el tiempo que duran los procesos y el trato que reciben los menores sobrevivientes.

Las cifras, reportes y estudios analizados por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio muestran que el Ministerio Público puede tardar hasta dos años en culminar una investigación preparatoria. Cuando el caso llega al Poder Judicial, este puede demorar alrededor de tres años en dictar sentencia por un caso.

Salamanca menciona que en el sistema de justicia debería haber una acción más coherente de formación de la administración pública. Los funcionarios deberían pasar por una capacitación y además ser investigados. “No deberían tener un caso en su contra”, enfatiza Salamanca, quien asegura que es un reto que también debería darse con profesores, personal de salud, entre otros.

En el 2021, el Ministerio Público registró 33.903 casos de delitos contra la libertad sexual en todas las edades. Sin embargo, solo 6.178 ingresaron a las fiscalías penales, de familia y mixtas. Es decir, de todos los casos registrados en el 2021, solo se ingresó el 18%. De este grupo, solo 266 casos (equivalentes al 0,8%) estuvieron en los juzgados.

Del mismo modo, entre el 2018 y el 2020 el Poder Judicial dictó 7.278 sentencias por casos de violación contra la libertad sexual en general. Sin embargo, los casos registrados en ese período en fiscalías provinciales sumaban 87.531. Es decir, solo el 8% de casos registrados tuvieron una sentencia.

Salamanca explica que los efectos de la violencia sexual es uno de los temas menos discutidos. No hay preocupación por la salud física y emocional de los menores y hay poca capacidad de los servicios de salud para responder a la necesidad atención en salud mental. “Hay situaciones de mucha confusión para los niños. Por ejemplo, cuando el agresor es un familiar, muchas veces le hace creer al niño que es su forma de expresarle cariño”, sostiene la especialista.

También, Unicef ha detectado deserción escolar. No hay continuidad educativa, muchas veces por el estigma, dado que existen casos en los que hay embarazo producto de la violación; o señalamientos a los que los menores sobrevivientes no quieren enfrentarse.

“Esta situación afecta el desarrollo de la sociedad porque puede llevar a círculos de pobreza”, asegura Salamanca. Si no se termina el colegio, no será posible insertarse en el mercado laboral. Asimismo, explica, el o la menor pueden entran a un círculo de violencia por haber normalizado el abuso.