Al menos 37 heridos, entre civiles, policías y militares, así como el incendio de una comisaría y de la sede del Poder Judicial fue el resultado del enfrentamiento entre manifestantes, policías y miembros de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Juli, ubicada en la provincia de Chucuito, al sur de Puno. Los nuevos hechos de violencia ocurren un día después de que la presidenta Dina Boluarte anunciara el envío de ayuda humanitaria y un ‘shock’ de inversiones para la región que mantiene activas las protestas contra el gobierno y el Congreso.
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Los enfrentamientos se iniciaron aproximadamente a la 11:40 a.m..de ayer, cuando un grupo de personas atacó el antiguo hotel de turistas de Juli, donde funciona una base militar, para exigir el retiro de las Fuerzas Armadas de la ciudad. Con disparos, los militares intentaron dispersar a los manifestantes.
Al mismo tiempo, un grupo de vándalos prendió fuego a la comisaría que se encontraba ocupada con policías. Los agentes tuvieron que escapar por el techo y refugiarse en la villa militar del Ejército.
Fuentes militares indicaron a este Diario que el ataque fue coordinado para neutralizar a militares y policías. En medio de los enfrentamientos, 17 soldados fueron retenidos por los manifestantes por casi una hora en la Plaza de Armas de Juli. Luego del diálogo con los comuneros, fueron liberados.
—Heridos y daños—
Distintos videos registrados por los manifestantes muestran que hubo varias ráfagas de disparos desde la zona donde se encontraban militares y policías. Según la fuente, estos se realizaron al aire. Además, una helicóptero llegó al lugar para lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes.
En un comunicado conjunto del Ministerio de Defensa y del Interior, se informó que hay 10 policías heridos que fueron evacuados en un helicóptero militar. Asimismo, otros 10 soldados resultaron con “cortes en la cabeza, brazos y manos, así como policontusiones en la mayoría de ellos”, quienes fueron trasladados al centro médico correspondiente.
A esto se suma que hubo 18 civiles heridos, según la Red de Salud de Chucuito -Juli. Una de las personas atendidas en el hospital Rafael Ortiz Ravines presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho. Además, un menor de 13 años llegó con intoxicación por gases lacrimógenos. De todos ellos, solo una paciente, Julia Mamani Anchapuri de 62 años, quedó en observación por presentar una herida consta por impacto en el pie derecho. El resto, 17 personas, fueron dados de alta.
Durante la noche de ayer, también se registró el incendio de la sede del Poder Judicial de Juli.
En un pronunciamiento, el presidente de esta institución, Javier Areválo, condenó el ataque e hizo un llamado para que la violencia y los actos vandálicos cesen. El fuego, además de infraestructura y mobiliario, destruyó los expedientes que se ventilan en el juzgado mixto y el juzgado de paz letrado que desarrollan labores en el local afectado. En estas instancias se desarrollan juicios por casos de pago de pensión de alimentos para menores de edad, refirió Arévalo.
La Defensoría del Pueblo añadió que “corresponde a la fiscalía investigar los hechos de violencia ocurridos y las causas de las lesiones ocasionadas a las personas heridas”.
Del mismo modo, en un comunicado, el alcalde de la provincia de Chucuito - Juli, Víctor Raúl Anchapuri Zapata, instó a las autoridades “a no utilizar armas de fuego u otros objetos” que puedan herir a los manifestantes.
Los nuevos enfrentamientos ocurren a casi dos meses de la muerte de 17 civiles en Juliaca, Puno, en un solo día de protestas, el 9 de enero de 2023. De acuerdo con el fiscal provincial de la región, Guido Pilco, las necropsias concluyeron que todos los decesos fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego. El 9 de enero también falleció un policía luego del ataque de una turba que quemó el vehículo patrulla en el que se encontraba.
Por las muertes en protestas - que en total suman 60 personas desde que Boluarte inició su gobierno el 7 de diciembre del 2022, la Fiscalía de la Nación ha citado a la presidenta Boluarte el martes 7 de marzo para que rinda su testimonio de forma presencial por la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La mayoría de muertes han ocurrido en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
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