El proyecto busca regular el trabajo periodístico durante las manifestaciones sociales. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El proyecto busca regular el trabajo periodístico durante las manifestaciones sociales. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Redacción EC

A través de sus redes sociales, el (CPP) solicitó archivar el protocolo de seguridad para periodistas del debido a que interfiere en la independencia periodística.

El documento señala que se trata de una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión.

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“El proyecto no recoge las propuestas de la mayoría de organizaciones que participaron en las reuniones de consulta, incluyendo las del CPP. Por ese motivo, el CPP decidió retirarse del grupo de trabajo a inicios de febrero, detalla el comunicado.

De esta manera, el Consejo de la Prensa Peruana pidió el inmediato archivamiento del proyecto por los siguientes motivos:

  • La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior y otras instituciones públicas figuran como órganos rectores de periodistas en situaciones de protestas.
  • No incluye un procedimiento público y transparente de investigación a policías responsables de agresión a periodistas.
  • La PNP figura como creadora de parámetros y lineamientos durante las coberturas de protesta, cuando los periodistas deben tener absoluta libertad para reportear como consideren conveniente.
  • No se menciona la prohibición de confiscar, retener, destruir o alterar material periodístico, ni detener arbitrariamente a periodistas, por parte de las fuerzas del orden.
  • No incluye una definición de libertad de expresión ni libertad de prensa.

Lee el resto de motivos en este .

Protocolo de seguridad para periodistas

Recordemos que el Gobierno de Dina Boluarte publicó el último miércoles, en el diario oficial El Peruano, el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”.

Este documento fue elaborado por el Estado Mayor General de la Policía Nacional y los ministerios del Interior, Salud, Justicia y el Colegio de Periodistas.

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