Las claves sobre el protocolo del Mininter que no protege a periodistas en protestas ni da cuenta de agresión policial

El fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía (24), se encontraba en Juliaca (Puno) cubriendo las movilizaciones y enfrentamientos entre la Policía Nacional y manifestantes la mañana del pasado 7 de enero. El desarrollo de la jornada lo llevó a estar ubicado en medio de ambos bandos. De un momento a otro, sintió que la pierna se le adormecía y, al bajar la mirada, se percató que había resultado herido por un perdigón policial.

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A causa de este ataque, Mejía quedó incapacitado de ejercer la labor periodística. Al igual que él, otros hombres y mujeres de prensa han sido agredidos en el marco de las protestas iniciadas en diciembre del año pasado, así como en anteriores manifestaciones, tanto en Lima como al interior del país.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció semanas atrás que la reportera Paola Ugaz, del diario español ABC, y el fotoperiodista Juan Zapata, del portal Wayka, fueron agredidos por la policía mientras cubrían una marcha en Lima. Indicaron que los agentes los golpearon y dañaron sus equipos.

En este contexto, el Ministerio del Interior (Mininter) publicó el último miércoles, en el diario oficial El Peruano, el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”. Lo estipulado por este documento ha recibido duras críticas por parte de diversos organismos de prensa, como la ANP, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), entre otros, pues implica una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística durante las protestas.

Detallaron que presenta varios vacíos y/u omisiones, como el no mencionar mecanismos ante agresiones a periodistas a manos de agentes policiales. Asimismo, tiene un tinte discriminatorio, pues el protocolo está dirigido a periodistas y comunicadores del Colegio de Periodistas del Perú y prensa extranjera acreditada, dejando al margen a todos los periodistas que no forman parte de estos dos colectivos.

El protocolo también indica que la Policía Nacional puede sugerir a los periodistas la ubicación para la cobertura de escenarios de violencia y que de no cumplir con estas indicaciones cualquier afectación será bajo su responsabilidad.

En total, según cifras de la ANP, 172 periodistas han sido agredidos hasta la fecha en el marco de las últimas protestas. Siendo enero el mes con mayor número de agresiones (94). De estas agresiones, casi la mitad fueron protagonizadas por efectivos policiales.

Rechazo rotundo al protocolo

La presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, dijo a El Comercio que el proyecto de protocolo tiene vicios insalvables, tanto de forma como de fondo, pues está más orientado a ser restrictivo con la actividad periodística que a ser realmente un protocolo policial. Comentó que en otros países de la región hay protocolos para coberturas de similar índole, pero que contienen lineamientos para la actuación de los efectivos policiales.

“Pareciera que quienes han formulado el protocolo no tienen ni idea de la naturaleza de la actividad periodística. Uno de los puntos que causa más asombro plantea que la policía va a sugerir un lugar desde donde se puede hacer una cobertura segura, pero que si te sales de ese espacio ya no se responsabilizan por lo que pueda pasar. Formular eso es una falta gravísima, porque el Estado no se puede desentender de la seguridad de los periodistas ni de cualquier persona”, expresó.

Lainez también criticó que a lo largo del protocolo solo se mencione a periodistas y comunicadores, pero no a fotoperiodistas, quienes son los que muchas veces arriesgan su propia integridad por conseguir una foto que grafique lo que viene ocurriendo. “Todos los que hacemos periodismo sabemos que una foto no se puede hacer a un kilómetro de distancia. Por eso es que los colegas fotoperiodistas son quienes en este tipo coyunturas hacen registro y en consecuencia son víctimas de agresión de uno o de otro lado”, sostuvo.

Esto, sumado a que existe un sesgo en cuanto al alcance del protocolo. Este señala que está dirigido a todos los miembros del Colegio de Periodistas de Perú, sin tomar en cuenta que en el Perú la colegiatura no es obligatoria.

“Este es un país donde por fallo del Tribunal Constitucional la colegiatura no es obligatoria para ejercer la profesión. Deja el margen a muchos colegas, porque de los 172 periodistas que tenemos registrados como agredidos ni siquiera el 5% está colegiado. Es decir, el 95% de agredidos quedan fuera del protocolo. Es absurdo y discriminatorio”, detalló Lainez.

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En tanto, la presidenta de la ANP resaltó que para el Mininter parecería que todas las agresiones durante las protestas solo vienen de parte de los manifestantes, pues no se hace mención en ninguna línea al procedimiento o los mecanismos en caso el agente agresor sea un policía.

“No hay ni una línea que menciona a Inspectoría de la policía, pues es esta quien tiene que llevar adelante los procesos disciplinarios cuando sean efectivos policiales quienes cometan este tipo de agresiones. Enero fue el mes con más agresiones a periodistas. Registramos 94. En el 50% de los casos la responsabilidad fue de efectivos de la Policía Nacional”.

Por su parte, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, indicó estar preocupado por los continuos ataques a periodistas que cubren esta clase de manifestaciones. Indicó que establecieron un contacto inicial con el Estado peruano en junio pasado para poder crear un protocolo técnico, en relación a parámetros internacionales, a fin de proteger a periodistas de ataques de policías y manifestantes.

“Lo que hicimos fue sugerir modificaciones a un protocolo que la verdad estaba bastante incompleto, era una injerencia a la libertad de expresión y la libertad de prensa a nivel nacional. Tanto el Consejo de la Prensa como otras organizaciones más hicimos varias recomendaciones, pedidos y comentarios que finalmente no fueron incluidos en la siguiente presentación del informe, por lo que el Consejo decidió retirarse del grupo de trabajo. Nos dimos cuenta de que no existía voluntad para incluir los puntos mencionados. El protocolo lo que hace es establecer una relación de arriba (Estado) hacia abajo (prensa)”, dijo.

Salazar precisó que lo que le parece clave es que el protocolo no considera que haya habido agentes de la policía que han agredido a periodistas. Las estadísticas demuestran que más agresiones han venido por parte de la policía.

“Nosotros hemos contado por lo menos unos 10 a 12 vicios en este protocolo. Consideramos pues que los protocolos deben ser no para periodistas, sino para el Estado, pero acá funciona al revés. Otra de las cosas que pedimos sean incluidas, pero no lo hicieron, es que haya una explícita mención a prohibir la retención, destrucción o alteración del material periodístico. Esto ha sucedido varias veces”, señaló.

En tanto, a través de un comunicado, el IPYS calificó de “peligroso” el protocolo publicado por el Mininter, pues implica una regulación de la cobertura periodística de las protestas.

Agregó estar en desacuerdo con reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas.

“Se debe prohibir a los efectivos de fuerzas armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra las y los periodistas, efectuando sanciones en caso contrario”, se lee en el comunicado.

Mininter pide enviar propuestas

En respuesta a las críticas que ha recibido la publicación del mencionado protocolo, la jefa de gabinete del Mininter, Giovanna Vélez, informó que dicha cartera recibirá sugerencias y recomendaciones para enriquecer el documento preliminar, a fin de establecer un protocolo para la atención a periodistas en el contexto de alteración al orden público.

“Este no es un documento final, es una prepublicación que busca poner el tema sobre el tapete en aras de cubrir ese vacío informativo en favor de los hombres y mujeres de prensa y poder generar este espacio de discusión y de debate”, declaró la funcionaria a TV Perú.

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Detalló que este proceso tendrá un plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente de publicado el protocolo, y la información será recepcionada, procesada y sistematizada por el gabinete de asesores del Mininter.

Al respecto, Lainez dijo que esto da cuenta de los defectos y de forma que se han suscitado. “Nunca he visto un protocolo que se haya hecho en poco más de un mes. Estos protocolos son procesos largos, de casi un año, porque necesitas escuchar a los periodistas que están en terreno. En nuestro país tenemos zonas de alta conflictividad social, periodistas de regiones que cubren conflictos reiteradamente. Ni siquiera se los ha convocado se sentarse en la mesa para decir qué riesgos pasan en el momento de la cobertura”, dijo.

Debido a los vacíos profundos del protocolo, Lainez considera que no hay posibilidad de remendarlo acogiendo sugerencias, ya que lo que está mal es el enfoque. “Es un protocolo planteado con una visión para restringir actividad periodística y no estipula el lineamiento para que la policía garantice la seguridad de los periodistas en cobertura”, expresó.

Por otro lado, el CPP solicitó archivar el protocolo pues dijo que se trata de una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión.

“El proyecto no recoge las propuestas de la mayoría de organizaciones que participaron en las reuniones de consulta, incluyendo las del CPP. Por ese motivo, el CPP decidió retirarse del grupo de trabajo a inicios de febrero”, detalla el comunicado.

Vale decir que el protocolo fue elaborado de manera conjunta a partir de varias reuniones con representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Policía Nacional del Perú y el Colegio de Periodistas del Perú.