Abusó sexualmente de su hija durante ocho años y, a pesar de las pruebas, hoy está libre. Se trata de Ángel Martín Laura Fajardo, un padre que abusó de su menor hija desde que ella tenía ocho años, casi toda su infancia y adolescencia.
En marzo del 2022, la menor le contó a su madre que su padre abusaba de ella. Minutos después, Jahayra Tolentin, la madre, interpuso la denuncia. Fajardo estuvo algunos meses en prisión preventiva. Sin embargo, pese a que el examen de médico legista diera positivo para lesiones sexuales, el 13 de octubre del 2023 el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte – Chincha lo absolvió.
Ahora, la familia busca que la justicia llegue a su hogar. Este viernes 6 de enero a las 2:30 p.m. la Sala Penal de Apelaciones sede Chincha resolverá la apelación que se presentó en contra de la resolución que absolvió a Fajardo.
“Lo único que queremos es justicia para una menor que ha sido violentada psicológica y sexualmente prácticamente toda su infancia”, dijo la tía de la menor a este Diario. Agregó que: “es importante la sentencia por la tranquilidad de mi sobrina, de mi familia y porque él es un peligro para la sociedad”.
Sobre este caso, la Defensoría el Pueblo se ha pronunciado para que el Poder Judicial cumpla de manera correcta su papel. “La Defensoría, en la opinión presentada al Poder Judicial, considera que la documentación contenida en el expediente (entrevista única, pericias, certificado médico legal, entre otros) evidencia que ella fue víctima de violación sexual por su padre. Por consiguiente, le asiste el derecho de acceder a la justicia y continuar su proyecto de vida con todas las garantías que le provea el sistema de administración de justicia; en cuanto al agresor, este debe recibir la máxima sanción penal”, indicó en un comunicado.
En diálogo con El Comercio, Matilde Cobeña, adjunta para la NIñez y Adolescencia de la Defensoría, indicó que con una sentencia a favor de la menor se permitiría garantizar sus derechos. Además, se evitaría que el Estado promueva situaciones de impunidad que terminan perjudicando a la víctima y dan un mensaje desalentador a otras víctimas.
Asimismo, explicó que, de no sancionar con la máxima pena a los agresores, el mensaje sería desalentador. “Esto lo vemos todos los días. Si tenemos operadores judiciales que no cumplen su función de investigar y de administrar justicia, los agresores van a decir que aquí no pasa nada y las víctimas terminan abandonadas”.
Esto es aún más grave en un país con cifras escandalosas de violencia sexual, dijo Cobeña. Según data del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a noviembre del 2022 se registraron 7.549 casos de violación sexual contra niños y adolescentes, el 69% del total que atendió el MIMP y 7.096 de estos fueron a mujeres.
Actualmente, la menor se encuentra en una situación sumamente dura, explicó su familiar a El Comercio. “Mi sobrina se siente completamente desamparada por esta justicia que prácticamente no le ha creído”, sostuvo.
Además, dijo que a pesar de llevar acompañamiento psicológico, la menor no puede dormir y no sale de su casa porque él está libre.
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