La madrugada de ayer, representantes del Ejecutivo llegaron a un acuerdo con dirigentes del paro de transportistas de carga pesada en Ica para que desbloqueen por cinco días los tramos de la Panamericana Sur que tenían bajo su control desde que se inició la semana. Se trata de una salida temporal a una protesta que sigue sin tener una solución a la vista, y que el miércoles se cobró su primera víctima mortal producto de los fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden: Yhony Quinto Contreras, de 24 años y natural de Ccochaccasa, en Huancavelica.
La tregua ha sido, sobre todo, para intentar atenuar los altos niveles de violencia que se viven en la zona. En especial, en las entradas de las localidades de Barrio Chino (kilómetro 278) y Expansión Urbana (kilómetro 290), en el distrito iqueño de Salas Guadalupe, lugares donde los manifestantes prácticamente son los únicos que mandan. Como resultado del acuerdo, los cientos de vehículos (camiones, buses interprovinciales y autos) que estaban detenidos a lo largo de la carretera por más de 15 horas lograron continuar hacia sus destinos.
Esta tregua le da un respiro al Gobierno que hasta el momento no ha podido dar solución a la crisis, al tiempo que se multiplican las demandas de los protestantes: ya no solo piden la reducción del precio del combustible, sino también que se baje la tarifa de los productos de la canasta básica, que se reubique el puesto del peaje (que fue quemado en la protesta) y que se generen más puestos de trabajo. E incluso, algunos solicitaron el cambio total de la Constitución de 1993.
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Frente a este estado de descontrol, el Gobierno optó ayer por declarar el estado de emergencia no solo en la zona de Ica afectada por el paro, sino también en toda la red vial nacional por un plazo de 30 días. Es decir, en todas las carreteras del país quedan restringidos los derechos constitucionales de libre tránsito, libertad de reunión y seguridad personal. Todo esto, para que la Policía Nacional del Perú restablezca el orden con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
—Desgobierno total—
Los que han estado en la zona no ven con optimismo que el conflicto tenga fin en el corto plazo. Ayer, por ejemplo, se llegó a una breve tregua, que comenzó al mediodía y terminó a las dos de la tarde. Minutos después, todo volvió a su estado anterior: piquetes en las entradas del Barrio Chino y Expansión Urbana tenían el dominio de las vías y solo actuaban bajo una consigna: no dejar pasar ningún tipo de vehículo. Al que se atrevía, le bloqueaban el paso y era atacado con piedras y palos o con cualquier otro objeto.
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El desgobierno, luego de esas dos horas de paz, llegó a tal nivel que ni la policía se acercaba. A cinco minutos en auto antes de llegar al Barrio Chino, un grupo de efectivos trataba de disuadir a todo civil que se acercara. “Te aconsejo que no vayas, pero si lo haces será bajo tu propia responsabilidad”, era uno de los mensajes que les decían a los choferes y pasajeros que preguntaban lo que ocurría. Una gran mayoría decidió detenerse. Sin embargo, algunas familias, turistas y comerciantes optaron por cruzar a pie el trayecto por su necesidad de avanzar. Madres con sus hijos al lado decían, por ejemplo, que tenían que ir hasta Arequipa. Las probabilidades de ser atacados se reducían si se pasaba caminando junto a los piquetes.
Este Diario estuvo en el lugar y cruzó esa ruta. Se constató cómo los protestantes atacaban los autos y los obligaban a retroceder. Quienes pudieron atravesar el Barrio Chino luego se veían forzados a detenerse de cualquier modo: en la entrada de Expansión Urbana, los manifestantes habían estacionado decenas de camiones que obstruían completamente la vía. Ello sin contar la innumerable cantidad de piedras que fueron esparcidas para impedir el tránsito. El bloqueo también fue aprovechado por vándalos que asaltaban a los peatones, según testimonios de pasajeros que llevaban horas varados.
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De hecho, durante la semana se vio cómo un grupo de delincuentes asaltaba las tiendas de los alrededores y camiones, y cobraban cupos a los transeúntes a cambio de dejarlos en paz.
Por la tarde, choferes y pasajeros, e incluso policías, aguardaban con cierta esperanza la llegada de los miembros de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) para que “restablezcan el orden público y desbloqueen las carreteras”, como había anunciado en horas de la mañana el ministro del Interior, Alfonso Chávarry. Pero esto no sucedió.
De igual modo, el ministro tampoco se hizo presente, como se esperaba. Se limitó a sobrevolar en helicóptero el Barrio Chino, mientras metros más abajo los manifestantes eran los que establecían las reglas.
—Una tregua temporal—
La noche del miércoles, un grupo de representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y funcionarios del Ministerio de Transportes se acercaron al Barrio Chino para establecer una reunión en un local comunal con los dirigentes de los transportistas.
La reunión por momentos se volvió tensa debido a que cientos de manifestantes estaban en los exteriores reclamando a los gritos que continúe el paro y que se rechacen las propuestas que se habían presentado. En cuanto al MTC, no se llegó a firmar un acta, pero sí se comunicó que se conversaría con los administradores del peaje para que presenten una evaluación técnica y social en treinta días para establecer el nuevo lugar donde podría ser trasladado.
Cerca de la 1:30 a.m., la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, representada por Gladys Gago, acordó con los manifestantes fijar una tregua de cinco días. Minutos después, la carretera fue desbloqueada y los cientos de vehículos continuaron con su trayecto.
Aún es muy pronto para asegurar que se terminó la protesta. Nada asegura que las carreteras no vuelvan a ser tomadas con violencia. Mientras tanto, el Gobierno apuesta que policías y militares mantengan el orden para que no se repita el desgobierno de estos días.
Más información:
Ayer, los manifestantes y demás miembros de la población velaron por unas horas el ataúd del trabajador agrícola en el mismo lugar donde fue atacado.
Sobre la policía, se informó que durante estos días de enfrentamiento se registraron 12 efectivos heridos y al menos siete habían sido retenidos por la turba.
Hasta el momento, van seis personas que han fallecido en el contexto de las manifestaciones que se han ocurrido en diferentes zonas del país contra el gobierno de Pedro Castillo.
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