La situación se desbordó en el centro del país en el quinto día de las protestas de los transportistas de carga pesada, a las que se sumaron los agricultores de Junín. Ayer, miles de personas salieron a las calles de Huancayo a protestar por el alza del combustible, del precio de los fertilizantes y por los altos costos para el transporte de productos. Durante varias horas se registraron enfrentamientos con la policía, saqueos y ataques a la propiedad pública y privada. Se intervino a una decena de personas y se reportaron varios heridos.
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En esta región, donde se originó Perú Libre como fuerza política –el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia–, las violentas protestas se iniciaron alrededor de las 10 de la mañana en el centro de la ciudad. Con el paso de las horas, la situación se salió de control cuando algunos grupos atacaron la sede del Gobierno Regional de Junín y de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Esto ocurrió luego de que no se llegara a un acuerdo entre los transportistas y funcionarios de la Dirección General de Gestión Territorial, Agrorural y el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela.
El último jueves, los manifestantes habían solicitado la presencia en la ciudad del presidente Pedro Castillo, quien ayer, mientras ocurrían las protestas, participaba en la inauguración de la Tercera Copa del Mundo Futsal Down 2022, en Lima. En la víspera, el mandatario dijo que algunos paros y bloqueos en las carreteras eran “malintencionados” y “pagados por algunos dirigentes y cabecillas”.
Según el jefe de la Dirección Territorial Policial de Junín, coronel PNP Colin Sim Galván, piquetes de 30, 40 y 60 personas incentivaron la violencia en Huancayo, al enfrentarse a la policía, lanzar piedras y palos, y efectuar saqueos. “Hemos intervenido a 10 personas”, comentó. La Defensoría del Pueblo informó que después de las 4 p.m. solo una persona estaba detenida en una comisaría y que no tenían reportes de heridos en el hospital de Huancayo. En horas de la tarde, miles de manifestantes continuaban en la plaza Huamanmarca, pero la situación estaba controlada, dijo el oficial Sim Galván.
En Junín también se reportaron enfrentamientos en el puente La Breña, una de las vías que dan acceso a Huancayo. La defensoría detalló que todos los accesos a la ciudad estaban bloqueados por los transportistas, gremio que cuenta con el apoyo de las rondas y las comunidades campesinas.
Teddy Panitz, de la defensoría en Junín, dijo que, debido a los primeros días de paralización, dos personas fallecieron en accidentes de tránsito vinculados al bloqueo de vías. Ayer, una tercera persona habría muerto en Jauja, ahogada en un río.
Tras la escalada de violencia, ayer la Presidencia del Consejo de Ministros(PCM) envió una comitiva. Hoy habría una mesa de diálogo en Huancayo.
Desde Arequipa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, anunció supuestos acuerdos. Dijo que los transportistas permitirían cada cierto tiempo el paso de 10 vehículos con productos de primera necesidad, de modo que los mercados no caigan en desabastecimiento. “Estamos sentados con los dirigentes, esperamos que mañana [hoy] podamos levantar la huelga”, declaró.
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Anoche, el Consejo de Ministros estaba reunido en Palacio de Gobierno para tratar este problema. En una resolución publicada en “El Peruano”, se anunció la creación de un grupo de trabajo para solucionar la problemática del transporte de carga en el país.
ENTREVISTA
"Conflictos aumentaron en un mes"
En el reporte de febrero identificaron 203 conflictos. ¿Cuántos hay ahora?
No ha salido aún el nuevo reporte, con toda la información de marzo, pero venimos observando un incremento no solo en el número, sino también en la violencia con que se protesta. Cuando eso ocurre, se transmite una idea de que el país está en una situación de cierta convulsión social.
¿Podríamos decir que estamos enfrentando una convulsión social?
No quisiera calificarla así, pero sí creo que la situación es preocupante. Primero, porque en cualquiera de estos puntos puede ocurrir un enfrentamiento que derive en hechos más graves de violencia.
¿El Gobierno ha mostrado capacidad para resolver la conflictividad?
El contexto en el que estamos no contribuye a una generación de confianza mínima para poder construir procesos de diálogo duraderos. Me refiero concretamente a este período de inestabilidad política que vive el país, que viene de años atrás, pero que se ha agudizado en los últimos meses por las tensiones entre los dos poderes del Estado.
¿Qué acciones debe tomar el Ejecutivo?
Dar continuidad a los equipos de la gestión de conflictos, dotarlos de mayores recursos; no actuar solo sobre el corto plazo reaccionando cuando se presenta violencia y articular entre las distintas entidades del Estado.
¿Han podido reunirse con el Ejecutivo para hablar de los temas de fondo?
No hemos tenido ninguna reunión de esas características. La defensoría tiene 38 oficinas en todo el país y es la entidad pública con mayor experiencia en la resolución de conflictos sociales.
El dirigente de los transportistas de carga Javier Corrales dijo anoche que el paro continúa, aunque añadió que hoy dialogarían con el Ejecutivo.
Además de los 10 puntos de bloqueo reportados en Junín, los transportistas bloquean vías en Arequipa, Ayacucho, Puno y Apurímac, según los reportes de la Sutrán. Sumado a este conflicto que ya lleva cinco días, hay otras protestas que son de preocupación.
Una de estas es la que se realiza contra la mina Cuajone, en Moquegua. Ayer, trabajadores de esta empresa llegaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo en Lima para exigir que el gobierno tome acciones urgentes. Desde hace más de 30 días no tienen acceso a agua más de 5.000 personas, entre trabajadores y pobladores de Cuajone (incluidos tres colegios y el hospital de la mina).
El exdirectivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Pablo de la Flor lamentó que el gobierno muestre una actitud “pasiva y permisiva frente a situaciones conflictivas”, donde ocurren actos delictivos.
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