En el Perú, cada año se reportan alrededor de 70 mil nuevos casos de cáncer y 35 mil muertes por esta enfermedad, según el estudio del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (2020). Debido a la pandemia del Covid-19, la atención de pacientes oncológicos y con otros malos se ha visto afectada. Como consecuencias se han disminuido los chequeos preventivos ha aumentado la cantidad de pacientes que inician tratamiento en estados avanzados de cáncer.
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A un año de la aprobación de la Ley Nacional de Cáncer, las medidas previstas para la atención integral de pacientes oncológicos aún no se hacen efectivas y la tasa de supervivencia disminuye en 2% por cada mes de retraso. Según un estudio de APOYO Consultoría, se han registrado más de 81 mil atenciones en etapa avanzada no realizadas y más de 21 mil atenciones por diagnóstico que tampoco fueron ejecutadas.
A la fecha, más del 60% de los casos de cáncer corresponden a estadíos III y IV; y tratar la enfermedad en una etapa avanzada resulta más costosa. Por ejemplo, el cáncer de mama en estadío IV cuesta el doble que tratarlo en una etapa inicial o estadío I. De igual forma, la interrupción de tratamientos aumenta las defunciones en el corto plazo.
Si bien en marzo se publicó el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer, aún quedan medidas por adoptar para que su implementación sea una realidad.
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Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) señaló que para garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, se requiere un incremento de presupuesto en el Programa de Prevención y Control de Cáncer. Más aún, cuando el presupuesto de apertura para este año se redujo en 18% con respecto al 2021.
“Por ello, resaltamos que es necesario garantizar la asignación de recursos en la Ley de Presupuesto 2023 para lograr la efectiva implementación de la Ley y así podamos salvar vidas y dar atención oportuna y de calidad”, dijo Flores, quien agregó que asignar un presupuesto menor ocasionaría efectos graves en la calidad de atención a pacientes por dos motivos: la atención de pacientes en estado avanzado genera un mayor costo y hay una mayor cantidad de afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS).