Representantes de comunidades nativas de la Amazonía afirman que el dictamen del proyecto de ley 3941 –que espera su votación y aprobación en el pleno del Congreso– vulnera los derechos de los pueblos indígenas al exponerlos a perder las tierras que ocupan ancestralmente. Según sostienen, la referida norma daría potestad al Gobierno para otorgar tierras que no cuentan con un título de propiedad a proyectos de inversión privada.
Es, justamente, la falta de acceso a la titulación de los territorios de las comunidades lo que los enfrenta con el proyecto. Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) –que abarca la región Loreto y representa aproximadamente a 20.000 nativos–, afirma que el Estado ha descuidado el proceso de titulación y prueba de ello es que los gobiernos regionales carecen de recursos para este fin.
En ese escenario, sin títulos de propiedad y con un proceso de titulación a medias, el derecho a la tierra de los pueblos indígenas peligra, asegura el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo.
Pérez Rubio señala: “un proceso para promover la inversión privada no debe pasar por el menoscabo de los derechos de ningún ciudadano”. Cuestiona, además, que el dictamen tenga una redacción ambigua y eso genere serias dudas sobre cómo será aplicada.
Según Aidesep, Loreto tiene 737 pedidos de demandas territoriales. De ellos, al menos 631 aún carecen de un título y corren el riesgo de perder sus tierras de aprobarse la ley. La situación es parecida en otras nueve regiones.
POSIBLES MOVILIZACIONESKlaus Quicque, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), advierte que, de aprobarse la norma, podría repetirse lo ocurrido el 2009 en Bagua, en donde un enfrentamiento entre la policía y los nativos dejó 33 muertos.“Miles de comunidades nativas no tienen registrados sus territorios, ¿cómo podrán defender su propiedad?”, se preguntó Lyndon Pishagua, presidente de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de Pichanaki (ARPI). Dijo que esta situación podría derivar en una gran movilización de toda la Amazonía.
Sobre el dictamen, a Pishagua le preocupa que el proyecto de ley proponga que no se otorgarán títulos ni autorizaciones de ocupación, construcción o reconocimiento de nuevos derechos sobre los terrenos que ya han sido cedidos para proyectos de inversión privada.
El Comercio buscó la versión del presidente de la Comisión de los Pueblos Andinos en el Congreso, Federico Pariona, pero su agenda parlamentaria le impidió declarar sobre el tema.
Pese a que el debate de este proyecto se había puesto en agenda para el miércoles y el jueves de esta semana, el pleno del Congreso no lo discutió.
Hoy, las nueve organizaciones regionales de Aidesep se reunirán en Lima para definir las acciones que adoptarán frente al proyecto.
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