Luego de que la Contraloría General de la República emitiera varios informes sobre obras sobrevaloradas y con daños para el estado peruano, el Ministerio Público procedió a denunciar a la alcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta; el alcalde de La Unión, Vicente Seminario; y al ex alcalde de Talara, Rogelio Trelles, por presuntos actos de corrupción.
Así lo informó esta mañana el congresista Juan José Díaz Dios, quien acompañó al contralor de la República, Fuad Khoury, en una visita a Piura. Khoury detalló que se ha denunciado a Ruesta por la obra de construcción de pistas y veredas en Felipe Cossío del Pomar.
En dicha obra se habría entregado la buena pro a un postor no calificado, se habría dado concertación entre el consorcio y funcionarios del municipio y favorecido al contratista. Todo eso causó un perjuicio económico de S/. 1.5 millones.
En el caso de la Unión corresponde a la obra de saneamiento, donde se habría favorecido al contratista, en el proceso de selección y contratación, lo que causó un perjuicio económico de S/. 851 mil. Aquí, además del alcalde Vicente Seminario fueron denunciados otros funcionarios del municipio.
Por su parte, al ex alcalde de Talara, Rogelio Trelles, se le denunció por la presunta venta de dos terrenos a un familiar de un funcionario del municipio. También se halló irregularidades en la construcción del canal de La Brea, en pistas y veredas del asentamiento humano José Abelardo Quiñones.El perjuicio económico de dichas acciones sería de S/. 96 mil.
Los que serán denunciados
El contralor precisó que vienen terminando los informes de otras obras auditadas, donde los funcionarios responsables también serán denunciados por presuntos actos de corrupción. Es el caso de los funcionarios involucrados en la obra del colector principal de Sullana, recientemente inaugurado. Esta costó S/. 24 millones.
También se sancionaría a funcionarios involucrados en la obra de la carretera kilómetro 21, cuyo costo ascendió a S/. 49 millones. Otra obra cuestionada es el puente San Miguel, donde a juicio de Khoury “hubo una clara sobrevaloración de la obra”.
Mención aparte merece el municipio de Piura, donde también se encontraron irregularidades. Se trata de las obras de instalación de agua y alcantarillado en Aledaños Kurt Beer, y la obra de ampliación de agua y desagüe del asentamiento humano de Nueva Esperanza.
Buscan mayor control
El congresista Juan José Díaz Dios dijo que se busca que, por lo menos, mil trabajadores de los organismos de control interno –que actualmente dependen de municipalidades y otras instituciones– sean transferidos a la Contraloría. Para ello necesitan un presupuesto que debe aprobar el Ejecutivo.
Añadió que harán seguimiento a todas las denuncias formuladas por el Ministerio Público, con los informes de Contraloría, y que pedirán que los casos sean transferidos a la fiscalía Supraprovincial, con sede en Lima, si es que se revelan presuntos actos de impunidad y favorecimiento a las autoridades denunciadas.
“No vamos a permitir que haya impunidad. Por eso tenemos un proyecto de ley, aprobado ya en el Congreso de la República, para que los funcionarios condenados por corrupción purguen penas efectivas y no suspendidas”, dijo.
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