Solo una tercera parte de feminicidas sentenciados fue recluido en un penal en el Perú

Conocemos las cifras de los feminicidios (1 cada dos días en el Perú), cómo y dónde atacaron a las mujeres, la interminable búsqueda de justicia por parte de su familia, pero ¿qué sabemos de los perpetradores? ¿cuántos realmente cumplen una condena?

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Aunque especialistas coinciden en que la prevención es determinante para reducir la violencia de género, la etapa de sanción no es efectiva ni alcanza a todos. Un reciente informe del Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI) lo pone en cifras: mientras que 348 personas recibieron una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio en el 2022, apenas 72 ingresaron a un penal ese año. Lo mismo se repitió en años anteriores: en el 2021 hubo 293 sentenciados, pero 79 fueron recluidos ese año.

Y ni siquiera todos los que ingresan a un penal lo hacen por una sentencia: un 40% se encuentra con prisión preventiva. Hasta abril de este año, de 776 personas presas por feminicidio, 467 estaba sentenciada y 309 procesada.

Lo cierto es que entre sentencias y reclusiones hay una brecha sustancial. Desde el 2015, año que entró en vigencia la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) hasta el 2022, el Poder Judicial condenó a 1.248 personas por feminicidio. En ese mismo periodo, los presos con sentencia por este delito fueron 451. Casi la tercera parte.

Diana Portal, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, explica que estas cifras evidencian las graves deficiencias del sistema de justicia, que inicia con lentas investigaciones a nivel fiscal. “En promedio los casos duran entre 2 y 4 años de investigación fiscal, sin considerar el tiempo que tarda el juicio”, indica a El Comercio. En ese lapso, los agresores se esconden, dilatan los procesos, salen del país o simplemente viven como si nada amparados en la seguridad de que la justicia tarda o no llega.

Casos como los feminicidios de Joshuany Muñoz, Mariella Baca o Lesly Vicente llevan más tres años y aun no hay acusaciones. “Aunque se tenga identificado el agresor, hay obstáculos para abrir las investigaciones por feminicidio. Muchas veces son tramitados como homicidios y eso retrasa el recojo de pruebas adecuadas. Luego durante la investigación fiscal se amplía y se cambian fiscales que al tomar el caso empiezan casi en fojas cero”, explica. Esta es una de las principales quejas del colectivo Familias Unidas Por Justicia, que reúne a los deudos de 60 feminicidios sin justicia en el país.

Un factor que favorecía esta lentitud era que hasta setiembre de este año las requisitorias por feminicidio vencían a los 6 meses. Recién con el Decreto Legislativo N.° 1575, vigente desde el 11 de octubre, se estableció que las requisitorias en casos de feminicidio, lesiones, violencia sexual y actos contra el pudor en agravio de menores de edad no caduquen.

Sergio Tarache, feminicida de Katherine Gomez, a quien prendió fuego en plaza Dos de Mayo a inicios de año, aún no es extraditado de Colombia. El Comercio se comunicó con Cancillería colombiana e informaron que el Ministerio de Justicia de dicho país tiene el trámite de contestar “un recurso de reposición” que interpuso el feminicida.

Actualmente, hay 26 requisitoriados por feminicidio [no necesariamente con sentencia condenatoria] por quienes se ofrecen recompensas de hasta 80 mil soles. Tal como reveló un informe previo de este Diario, en la lista de más buscados hay feminicidas desde hace 7 años y por lo menos la mitad del total están en el programa del Ministerio del Interior desde el 2019 sin que hayan noticias de su paradero.

Casi lo único en lo que coincide la mayoría de feminicidas es la relación con la víctima: el 71.4% era su pareja o ex pareja. Aparte de ello, el informe del INEI, publicado en octubre pasado, demuestra que no hay un único perfil de feminicidas. De los 755 presos hasta el 2022, el 18,9% se concentraba en Lima Metropolitana (143), el 7,3% en Cusco (55) y el 6,9% en Arequipa (52). La mayoría son hombres (747) y hay 8 mujeres recluidas por este delito. En cuanto a edad, el 53,9% tiene de 25 y 39 años, hay 3 de 18 a 19 años y 44 que superan los 60 años. A nivel educativo, la mayoría tenía secundaria completa (311) y un total de 92 internos contaba con educación superior (completa e incompleta). Y aunque la mayoría estaba internada en un penal por primera vez, 10 presos por feminicidio tenía de 4 a más ingresos y otros 10, había estado dos veces previas en una cárcel del país.

Portal indica que esto pone en evidencia que más que un tema individual, el feminicidio debe entenderse como un problema social que se sustenta en la cultura machista y las relaciones de poder que usan la violencia como estrategia de control y dominación. “Los feminicidas de diversos estratos sociales, edades y características. No es un problema de salud mental solamente. No negamos que pueda haber casos de este tipo, pero si solo lo señalamos como temas psiquiátricos o que se trata de “monstruos”, relativizamos que esto está en todos los contextos socioeconómicos y culturales del país”, dice.

De hecho, esto se relaciona con las motivaciones de los feminicidios que reporta el informe de INEI, elaborado en base a los registros del Poder judicial, Fiscalía, Ministerio del Interior, Policía, entre otros: el feminicidio se dio en un contexto de celos con el 49,5%; seguido por la violencia familiar con el 15,4% y por supuesta infidelidad de la pareja y negativa de la víctima a continuar con la relación, cada una con el 7,7% de los casos.

“Es un tema de machismo y desigualdad que afecta de manera particular a las mujeres. Por eso es importante fortalecer la educación con enfoque de genero e igualdad”; añade Portal.

Esta conclusión no es nueva. Una encuesta desarrollada por este Diario junto con Ipsos del 2016 evidenciaba que para entonces, 7 de cada 10 encuestados consideraba que si una mujer infiel era culpable de que su pareja la golpee y un 53% decía una mujer con minifalda era culpable de ser acosada. Para el 2019, la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (Enares) del 2019 evidenciaba que la tolerancia social hacia la violencia a mujeres seguía alta: 58,9%.