La violencia contra la mujer no cesa. De acuerdo a cifras del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Venerables (MIMP), en el 2021 ocurrieron 136 feminicidios en el país, apenas 5 más que el total de casos reportados el año anterior. Ambos registros tuvieron una ligera reducción en comparación del 2019, donde la cifra alcanzó los 166. Si contamos los últimos 4 años (incluyendo enero del 2022 con 17 casos), se han registrado en promedio 3 feminicidios cada semana. Una situación que no deja de ser alarmante.
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La preocupación se extiende incluso a otros tipos de agresión a la mujer, como violencia sexual, violencia física, acoso, trata, solo por nombrar solo algunos.
Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), precisó a El Comercio que la pandemia ha sido un factor muy importante en el registro y evaluación de los casos de violencia a la mujer, pues su principal impacto fue el cese temporal de los servicios de atención y respuesta.
“Se evidenció la fragilidad de nuestro sistema. Todos los procedimientos se vieron afectados por la pandemia. Desde poner una denuncia y los canales telefónicos, por ejemplo. Y en los pocos servicios que había atención faltaba personal”, indicó.
Asimismo, dijo que la pandemia también ha reducido los espacios donde las víctimas se sentían seguras, como las escuelas en el caso de las menores. Al mismo tiempo, confinó a muchas mujeres a vivir junto a su potencial agresor en estricta cuarentena, lo cual las puso en un mayor riesgo.
En esa línea, Chávez señaló que en lo que más se ha fallado es en la labor de acompañamiento de las víctimas por parte del MIMP y de otros agentes competentes. Esto fue, por lo general, debido a la falta de personal especializado en el tema de violencia.
“Hay un componente clave: el impacto a la salud mental. Este tema ha sido el menos atendido. Sin embargo, es un asunto que las víctimas guardan por dentro”, agregó.
Si bien en los últimos años ha habido avances sumamente importantes en el Perú a favor de la lucha contra la violencia a la mujer, la especialista lamentó la falta de continuidad de una política en pro de ello. Por ejemplo, indicó que en los últimos años en el MIMP ha habido una serie de iniciativas que se han tratado de impulsar, pero que no se concretaron.
“Este Gobierno particularmente ha venido desprovisto del enfoque de género. Considera que es algo exótico, que no nos corresponde como país. Por otro lado, también hay muy serias amenazas desde el Congreso, que es el principal petardeador del enfoque de género”, resaltó.
Avances y pendientes
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, destacó que actualmente las sanciones a los feminicidas son más drásticas. Por ejemplo, pueden llegar a ser de cadena perpetua cuando hay dos circunstancias agravantes. En tanto, otro avance es la conformación del Sistema Especializado de Justicia, para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
“En términos legales tenemos un avance muy importante. Hay sentencias ejemplares. El problema es que en el sistema judicial los casos no avanzan con la celeridad que se requiere. Celeridad que podría permitir tener condenas oportunas. Como Defensoría vemos que hay casos del 2017 y 2018 que aún están en proceso. Esto puede alimentar una sensación de impunidad y que los agresores vean que el sistema no funciona”, explicó.
Por otro lado, en el sistema de protección de víctimas, Revollar precisó que la Defensoría ha detectado algunas fallas. Muchos de los feminicidios que ocurren son de mujeres que ya han recurrido a una comisaría o a un Centro de Emergencia Mujer.
“Si es que una mujer pierde la vida a manos de su agresor después de haber ido y obtenido medidas de protección ahí se pone en evidencia las fallas del sistema en el cuidado y resguardo de la vida e integridad de quien solicita ayuda”, lamentó.
Por último, destacó el los avances obtenidos para brindar un soporte a las víctimas indirectas de feminicidios. En el caso de los hijos menores y mayores de edad
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“Se les otorga una pensión de orfandad bimensual a los hijos menores y mayores que se encuentren estudiando. Para nosotros estos es importante, aunque tenemos claro que no resuelve la ausencia de una madre”, expresó.
El trabajo desde el MIMP
En diálogo con este Diario, la viceministra de la Mujer, María Pía Molero, explicó que la violencia extrema que se ejerce contra las mujeres se debe a la discriminación estructural contra este grupo que existe en la sociedad. “Lo vemos reflejado en que más de la mitad de la población tolera la violencia en mujeres de 18 a más años”, sostuvo.
Detalló que desde el MIMP se viene trabajando en el fortalecimiento del marco normativo a través, por ejemplo, de la implementación de la política de género y de la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia, a fin de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En el ámbito operativo, por otro lado, Molero señaló que el MIMP viene reestructurando el Programa Nacional Aurora, donde están todos los servicios de atención y estrategias de prevención frente a la violencia de género.
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“La idea es fortalecer la conectividad e integración entre todos los operadores de justicia para poder brindar una atención de calidad, eficaz, pertinente, pero además célere”, dijo.
Asimismo, la viceministra resaltó la importancia del enfoque de género como herramienta para implementar políticas públicas que garanticen que las necesidades de mujeres y hombres sean respondidas por parte del Estado de forma igualitaria.
“Soy una convencida de que hay un desconocimiento total de lo que significa el enfoque de género. Se seguirá avanzando siempre y cuando se trabaje de manera conjunta entre los distintos niveles de gobierno, los demás poderes del Estado y la ciudadanía. La violencia no solo nos afecta a nosotras, también a nuestros entornos. Estos obstáculos deben ser oportunidades para el cambio”, finalizó.
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