El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó una demanda de amparo para que un juez constitucional de la Corte de Justicia de Lima ordene al Ministerio Público que no entregue el cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, quien falleció el último sábado a los 86 años, a sus familiares.
El recurso presentado plantea que la Fiscalía incinere los restos y sus cenizas sean trasladadas de forma reservada a un cinerario público común, en resguardo del orden constitucional.
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Mediante un comunicado, la Procuraduría explica que este recurso busca salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean “revictimizadas”.
Según se señala en la demanda de amparo, “hay amenaza de violación de los derechos colectivos o difusos a la paz y tranquilidad (Artículo 2° numeral 22 de la Constitución), y el derecho a la protección judicial (Artículo 25° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos-CADH) de las víctimas del período de violencia (1980-2000)”.
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En esa línea, el procurador general del Estado argumenta que la función de protección de todos los derechos fundamentales constituye una obligación de todo el aparato estatal “quienes tenemos un rol de velar por estos intereses, en atención a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales”.
“No debemos olvidar el rol que cumplen los Procuradores públicos dentro del Estado Constitucional, pues, al contrario a lo que muchos puedan sostener, su función se encuentra orientada no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en el rol que tiene el Estado en la tutela y protección de los derechos fundamentales”, se lee en el pronunciamiento.
La demanda de amparo también indica que “resulta constitucionalmente válido restringir la entrega de cadáveres a familiares de personas que en vida hayan sido condenadas por graves delitos de terrorismo, en aquellos casos, donde exista un riesgo real de que su tumba pueda constituir un lugar de culto que reivindique sus actos o sus ideologías”.
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