El Gobierno de Estados Unidos solicitó ante la justicia de dicho país revocar la libertad bajo fianza del expresidente Alejandro Toledo Manrique, a fin de concretar la extradición aprobada el ultimo martes por el Departamento de Estado norteamericano.
Como se recuerda, el proceso de extradición contra Toledo se inició con la finalidad de que afronte el juicio por el caso de la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3, por los que, según la fiscalía, el expresidente recibió más de $30 millones de la empresa Odebrecht.
La fiscalía peruana ha solicilato 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad para el exmandatario al acusarlo por los presuntos los delitos de colusión y lavado de activos.
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Actualmente, el proceso debe ingresar a la etapa del control de acusación para, posteriormente, pasar a juicio oral.
En la resolución del juez Thomas S. Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, se da cuenta de la moción presentada por las autoridades norteamericanas que alegan que, hasta el momento, el expresidente peruano no ha logrado obtener una suspensión de la extradición y, por el contrario, el secretario general del Departamento de Estado ha autorizado la entrega de Toledo ante las autoridades peruanas.
Por tanto, sostiene el gobierno de EE.UU., Toledo “debe ser detenido para que el gobierno pueda efectuar su entrega a las autoridades peruanas”.
Añade que si bien no existen impedimentos legales para la entrega de Toledo a las autoridades, “su prisión preventiva es necesaria” para ejecutar la orden del secretario.
“Estados Unidos, por y a través de los abogados abajo firmantes, por la presente renueva su moción que busca la prisión preventiva de Alejandro Toledo Manrique (“Toledo”), para que Estados Unidos pueda ahora ejecutar la decisión del secretario de Estado de Estados Unidos esta semana de entregar Toledo al Perú”, indica el documento judicial.
Ante ello, el magistrado dispuso que la audiencia en la que se evaluará si Toledo es finalmente detenido para que sea extraditado al Perú, se realizará el próximo 9 de marzo a las 10:00 de la mañana.
“Moción para revocar fianza y reenviar a custodia de los Estados Unidos a Alejandro Toledo Manrique. Audiencia de moción fijada para el 9 de marzo de 2023 a las 10:00 a. m. ante el juez magistrado Thomas S. Hixson”, indica el documento.
Toledo -quien se encuentra residiendo en California con una medida de detención domiciliaria - puede salir cuatro horas al día fuera de su vivienada- y bajo la vigilancia monitoreada por un grillete electrónico.
Cabe precisar que, actualmente, Toledo ya no cuenta con pasaporte pues, según confirmaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades judiciales de Estados Unidos confiscaron los documentos diplomáticos al expresidente.
El expresidente fue puesto en libertad en julio del 2020, luego de pagar una fianza de $1 millón de dólares.
Antes de ello, permaneció en prisión preventiva desde julio del 2019, cuando Estados Unidos decidió iniciar el proceso de extradición solicitado por el gobierno peruano.
Este Diario solicitó mayor información al Departamento de Estado de EE.UU., sin embargo Stephanie K. Straface, oficial de prensa de dicha oficina, indicó que por “políticas de larga data” no brindan comentarios o información sobre procesos de extradición.
Procuraduría confía en pronta entrega
Procuraduría confía en pronta entrega
La procuradora para el Caso Lava Jato, Silva Carrión, dijo a El Comercio que confía en que la justicia norteramericana rechace cualquier intento de la defensa del expresidente que impida ejecutar la extradición.
Carrión dijo estar al tanto de que el Gobierno de Estados Unidos estaba por pedir la revocatoria de la libertad bajo fianza que goza Toledo, para que pueda ser apresado y enviado a nuestro país.
“Esperamos que este pedido también sea resuelto de manera pronta por la corte a la que pertenece el juez Hixson que certificó la extradición y que finalmente las autoridades de Estados Unidos y peruana puedan coordinar para hacer la entrega”, manifestó.
Carrión indicó que, en el escenario que se estime la revocatoria y se ordene la detención efectiva, Toledo será puesto a disposición del ‘USMS Marshal’ - Servicio de Alguaciles de EE. UU - y será este órgano el que hará las coordinaciones con la autoridad central peruana (Fiscalía de la Nación) para ejecutar el traslado de Toledo a Perú.
También informó que su despacho ha tomado conocimiento que la defensa del exmandatario presentaría este miércoles o en las próximas horas un recurso para suspender el trámite de la extradición.
"Sabemos por información que se nos ha alcanzado que el día de hoy (miércoles) la defensa del señor Toledo ha presentado o iba a presentar un pedido para la suspensión de esta orden de entrega o de la ejecución de la extradición. Estimamos que no sea acogida de parte del Poder Judicial (de EE.UU), pues dicha institución, ante los constantes pedido de Toledo, los ha venido rechazando. Pero además, por la posición inminente del Estado Americano para poder entregar al señor Toledo"
La representante del Estado Peruano explicó que con la “orden de entrega” emitida el último martes por el Departamento de Estado Americano se lleva a una “culminación del trámite” en dicha instancia.
Recordó que el proceso se inició en el 2019, y que el primer paso fue la evaluación judicial donde se certificó la extradición y luego el Departamento de Estado acaba de tomar la decisión política de entregar al Estado Peruano al expresidente.
Por ello, expresó que durante estos cuatro años de proceso “se ha respetado escrupulosamente” tanto el Tratado de Extradición con EE.UU. como las normas procesales en aras de garantizar la defensa de Toledo.
“Claro, son tiempos largos, pero que son habituales con el Gobierno Americano. A diferencia de otros países, la extradición en Estados Unidos es litigada por el Gobierno americano en representación del Gobierno peruano. Es la fiscalía americana, a través de su Departamento de Justicia, que los presenta y lo litiga ante el Poder Judicial.
“Es el tiempo habitual, son procesos largos”, anotó.
Antes de concluir, Carrión Ordinola recordó que su oficina ha solicitado S/1,800 millones como reparación civil a favor del Estado a fin de que Toledo y otra veintena de acusados paguen de manera solidaria.