El expresidente Alejandro Toledo solicitó a la Corte del Distrito Norte de California (Estados Unidos) que se le varíe las condiciones de su libertad condicional para que pueda asistir a una cena navideña el sábado 24 de diciembre.
Toledo Manrique es requerido por la justicia peruana por el proceso judicial que se le sigue en el Caso Odebrecht y actualmente se encuentra en libertad condicional luego de ser excarcelado en marzo del 2020, bajo vigilancia electrónica y solo está autorizado a ausentarse de su domicilio por cuatro horas.
Por ello, a través de su abogado, solicitó que la Corte modifique temporalmente sus condiciones de libertad preventiva para permitir que su toque de queda se extienda desde las 10:00 p.m. de la noche del 24 de diciembre de 2022 a las 2:00 a. m. de la mañana del 25 de diciembre de 2022.
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“El motivo de la solicitud es que el señor Toledo quisiera asistir a una reunión a las 9:00 p. m. cena organizada por un antiguo colega en Los Altos, California”, se indica en la resolución obtenida por El Comercio.
El documento también da cuenta que el oficial de servicios previos al juicio, Nelson Barao, y el fiscal federal adjunto, Kyle Waldinger, no se opusieron. Por ello, el Juez Magistrado de los Estados Unidos Thomas H. Hixson accedió al pedido de Toledo Manrique.
Actualmente, el proceso de extradición de Toledo Manrique, se encuentra a la espera de que el Gobierno de Estados Unidos se pronuncie sobre la procedencia del mismo, luego que el juez Hixson declarara que existe causa judicial para proceder con la extradición.
Semanas atrás, el Ministerio Público ratificó su pedido de 35 años de prisión contra Toledo Manrique por el caso vinculado a la concesión del tramo 4 de la Carretera Interoceánica Perú-Brasil (IIRSA Sur).
Por este caso se le acusa al exjefe de Estado haber pactado con la empresa Camargo Correa el pago de S$ 6.3 millones para que el Consorcio Intersur sea favorecido en esta concesión, de los cuales US$ 5.4 millones debían ser para su persona.
Además, por el Caso Odebrecht se solicitó en su contra la pena de 20 años y 6 meses en su contra al acusarlo por los delitos de colusión y lavado de activos, al haber solicitado una presunta coima de US$35 millones a dicha empresa brasileña por el Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.
Finalmente, por el Caso Ecoteva, se piden 16 años y 8 meses de prisión en su contra al ser acusado del delito de lavado de activos por el uso de dinero ilícito para la compra de propiedades y pago de hipotecas.