CIDH ratifica medidas cautelares a favor del fiscal José Domingo Pérez y las amplía a Rafael Vela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó, a través de la resolución 64/2023, las medidas cautelares otorgadas en el 2021 al fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, las cuales tienen su origen en la situación de riesgo que experimenta dicho fiscal como consecuencia de su rol en la investigación de actos de corrupción.

En su resolución, la CIDH señaló que, si bien valoraba la implementación de las medidas de protección a favor del fiscal Pérez y su núcleo familiar, “existen elementos para considerar que la situación de riesgo continúa vigente, siendo necesario continuar y reforzar las acciones para la debida protección del beneficiario y su familia”.

La CIDH indicó que la respuesta estatal no solo debe abarcar “medidas de seguridad, sino que incluyan medidas para atender las causas generadoras de riesgo valoradas por la CIDH en el momento del otorgamiento de las presentes medidas cautelares y en la mencionada resolución”.

Entre otras acciones previstas por la Comisión en su resolución se encuentran la emisión de mensajes institucionales de amparo y respaldo y la investigación de los hechos de riesgo que dieron origen a las medidas cautelares.

Sobre este último punto, la CIDH enfatizó que “a más de dos años después del otorgamiento de las medidas cautelares, no se han identificado responsabilidades por los hechos alegados, de modo que pueda analizarse si los elementos generadores de riesgo han sido mitigados o han desaparecido”.

Amplía medidas cautelares a favor de fiscal Rafael Vela

En segundo lugar, la resolución amplía las medidas cautelares a favor del fiscal superior Rafael Vela, quien actúa como coordinador del Equipo Especial de Fiscales en el caso “Lava Jato”. Al hacerlo la CIDH consideró múltiples hechos de riesgo que dicho fiscal ha enfrentado en los últimos meses.

Al respecto, remarcó que “frente al contexto específico del presente asunto, la CIDH reitera el rol de las personas que ejercen función pública, especialmente de alto rango, a no contribuir a la creación de un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión y, por lo contrario, adoptar pronunciamientos públicos que contrarresten estos hechos”. Asimismo, manifestó preocupación por una posible suspensión de Vela Barba en el marco de un proceso disciplinario en el Ministerio Público y “la posibilidad de que se le retire el esquema de protección que tendría”.

Además, señaló que “dada la continuidad de los factores de riesgo en el marco del presente asunto, la Comisión considera que resulta necesaria la adopción inmediata de medidas que representen una respuesta integral frente a la naturaleza del riesgo”.

La Comisión recordó que, aunque los mecanismos de protección material tendientes a proteger frente a situaciones de riesgo son importantes, es necesario tomar en cuenta un enfoque integral y preventivo. Así, no sólo se deben prevenir las amenazas, ataques y represalias, sino que también se deben abordar sus causas”.

El caso

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público decidió suspender del cargo por ocho meses y 15 días al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, por unas declaraciones brindadas en el 2020 en el marco del proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En su apelación, Vela Barba calificó de “arbitraria, abusiva e injusta” la sanción que se le impuso y advirtió que de confirmarse, el ingreso de un nuevo coordinador al equipo especial afectará las garantías de estabilidad laboral e inamovilidad en el cargo.