Critican proyecto de ley que busca sancionar difusión de información reservada en investigaciones penales

En diálogo con El Comercio, Adriana León, representante del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), y Samuel Rotta, director de Proética, señalaron que el proyecto de ley - presentado por el Ejecutivo - que busca sancionar hasta con 4 años de prisión efectiva la difusión de información reservada en una investigación penal representa una amenaza a las libertades de opinión y expresión y al derecho a la información.

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El primer ministro, Aníbal Torres, anunció el viernes que dicha propuesta fue presentada ante el Congreso con el propósito de ponerle fin a “esta forma de prácticamente comercializar la información penal reservada”.

Al respecto, Adriana León consideró el proyecto, en lugar de buscar resguardar la seguridad de las investigaciones “es una amenaza política”.

“En base a las declaraciones de Torres y el ministro de Justicia, Félix Chero, consideramos que es una amenaza política, una amenaza a la libertad de prensa y al derecho a la información”, dijo también.

Para León, la propuesta despierta “suspicacias” porque, por ejemplo, “coincide con una situación muy compleja en la que funcionarios del Gobierno y el propio presidente de la República (Pedro Castillo) están inmersos en unos presuntos y serios actos de corrupción”.

En otro momento, León recordó también que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó,en enero, un dictamen que establece sanciones penales para quienes revelen la identidad o la versión brindada por un colaborador eficaz.

“En este punto y en muchos otros más, aunque digan que no, hay coincidencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si hay ímpetu es probable que termine siendo aprobado por el pleno. Porque no estamos hablando de situaciones que comprometen solo al presidente y su entorno, sino también a varios congresistas, comenzando por los sindicados como ‘Los Niños’. Eso lo hace aún más peligroso”, advirtió.

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Samuel Rotta tuvo una opinión similar: “Si el proyecto de ley sigue la línea de lo declarado por Félix Chero y Aníbal Torres, es una amenaza a la libertad de expresión e información”.

“Es un retroceso hacia la lucha anticorrupción. Lo que más me preocupa es que en el Congreso, donde se ha aprobado un dictamen en una línea similar, podría avanzar [...] Ojalá en el Parlamento no puedan pasarse ambas propuestas”, agregó.

“Ojalá que el Gobierno se dé cuenta que es un desacierto clarísimo, más aún que ahora se ha avanzado con la adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, expresó Rotta.

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En tanto, los ánimos en el Legislativo están polarizados. Algunos parlamentarios se mostraron a favor y otros en contra.

Los congresistas Eduardo Salhuana y José Arriola, de Alianza para el Progreso y Acción Popular, indicaron que no están de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo.

“Es una medida intimidatoria que en el fondo no resolvería nada. Una información jurisdiccional pasa por muchos estamentos. Es un tema complejo. Por más que sea subrepticia la información, el país tiene derecho a saber, sobre todo, sobre los temas de corrupción [...] No creo que prospere en la Comisión de Justicia”, aseveró Salhuana.

A su turno, Arriola indicó que medida buscaría “poner una mordaza a la prensa”.

“Están desesperado porque se les viene la ola tipo tsunami [...] Cuanto más se actúe transparentando las cosas es mejor. Por un lado Pedro Castillo señala que se allanará a las investigaciones y en los hechos demuestra lo contrario [...] Quién en su sano juicio va a estar de acuerdo con ese proyecto de ley”, dijo también el vocero alterno de Acción Popular.

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Los parlamentarios de Perú Democrático y el Bloque Magisterial, Carlos Zeballos y Alex Paredes, señalaron a este Diario que están a favor de la propuesta.

Zeballos expresó: “Yo he sido víctima de ese tema. Habían señalado que yo era uno de ‘Los Niños’. Estas cosas que se filtran hacen daño. Esto podría dañar la imagen de las personas. Las investigaciones deberían ser reservadas. En ese sentido estoy de acuerdo”.

El vocero alterno de Perú Democrático subrayó que será importante analizar el proyecto para evitar que haya “abusos” o que se “afecte la libertad de prensa”.

“Estoy de acuerdo. En el Ministerio Público no siempre las investigaciones terminan en formalización de acusación. Muchas veces termina con el archivamiento [...] A mi criterio, si no está probada la responsabilidad de las personas en los delitos, ¿por qué tienen que salir las cosas que están en proceso de investigación?”, dijo, por su parte, Alex Paredes.

Paredes, vocero del Bloque Magisterial e integrante la Comisión de Justicia, aseveró también que sí ve posible que la iniciativa del Gobierno prospere en dicho grupo de trabajo.

“Conociendo a la presidenta (Gladys Echaiz), por el desempeño que ha tenido como fiscal de la Nación, estaría de acuerdo. El ´expertise´ de la prensa no está en cuestión, el problema es por qué se filtra la información”, añadió.

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Por otro lado, José William (Avanza País) y Jorge Montoya (Renovación Popular) señalaron que “no es el momento” para presentar dicho proyecto.

“Es un tema bien conflictivo. Las filtraciones que se presentan muchas veces permiten ahondar en las investigaciones y poner en conocimiento del público en general lo que está sucediendo. Por otra parte, los funcionarios que la permiten estarían cometiendo un delito. Es un tema que siempre va a estar al filo de la navaja”, manifestó Montoya.

El vocero de la bancada celeste estimó que “habrá un amplio debate” en el Parlamento sobre el tema. No obstante, consideró que “parece una ley profesa para proteger a Castillo”.

“Si la información es proporcionada por un funcionario público eso está mal y debe ser sancionado, pero una vez que llegó a los medios de comunicación, tiene toda la libertad para poder informarlo, no pueden ser criminalizados”, dijo también.

Consultado sobre si está a favor o en contra sobre este proyecto, respondió: “Creo que no es el momento adecuado para presentarlo porque está siendo direccionado para proteger al presidente”.

José Williams tuvo una opinión similar. “Es un proyecto de ley que fricciona mucho. Es un proyecto de ley que parece direccionado a que no salga información del Gobierno. Es la sensación que da. Llama la atención el tiempo en el que se presenta, cuando varios personajes vinculados al Ejecutivo están investigados [...] Si en otro momento saliera una ley de esta naturaleza para proteger la información y que no se filtre información, que pudiera beneficiar al imputado, estaría bien. El momento no es adecuado”.