Daniel Abarca Soto, quien trabajó como asesor I del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, hasta el 18 de marzo último, fue denunciado por actos de violencia psicológica y sexual por su exconviviente en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) del distrito de Surquillo.
Por esa razón, el 22 de marzo último, la jueza Virginia Zamora, del Decimoquinto Juzgado Superior de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Subespecialidad en Violencia contra la Mujer e Integrantes de la Familia, otorgó medidas de protección a su expareja. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en enero de este año.
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La denunciante afirmó que Abarca –con quien inició una relación cuando ambos vivían en el Cusco– “la obligaba a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y que los siete meses aproximados que domicilió con su agresor en la ciudad de Lima estuvieron llenos de episodios de violencia, amenaza, coacción, entre otros”.
Agregó que Abarca “no la dejaba salir a trabajar y tampoco le daba dinero para el diario”. Debido a lo descrito, ella huyó al interior del país, al comprar “un pasaje de avión el 14 de marzo del 2022″.
Con base en la denuncia presentada en el CEM de Surquillo y un informe social practicado en el CEM Aurora del Cusco, el juzgado de familia resolvió dar medidas de protección a su favor por actos de violencia psicológica y sexual. Por ejemplo, prohibió al denunciado acercarse a una distancia menor de 300 metros a la presunta agraviada durante la investigación fiscal.
También se le prohibió a Abarca cualquier tipo de comunicación con su exconviviente, sea epistolar, telefónica, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de texto, Zoom, videollamadas o cualquier otro medio.
La jueza remitió el expediente a la Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes de la Familia del Ministerio Público para que proceda con la investigación al exasesor de confianza del ministro Sánchez.
Abarca Soto fue designado en el cargo el 4 de agosto de 2021 y laboró en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) hasta el 18 de marzo.
Después de que la denuncia se hizo pública, Sánchez –también congresista por el partido Juntos por el Perú, afín al Gobierno– indicó en la red social Twitter: “La violencia de género es una lacra que rechazamos y, ante cualquier denuncia e investigación, invocamos el debido proceso y que se haga justicia caiga quien caiga”.
Sin embargo, en la resolución en la que se aceptó la renuncia de Abarca, el Mincetur le agradece por los servicios prestados.
De acuerdo con la información consignada en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el exfuncionario estudió Turismo y Negocios en la Universidad Señor de Sipán.
Entre el 2015 y 2018 ocupó el cargo de regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco. Según datos que entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 2018, cuando postuló sin éxito a la alcaldía provincial de Cusco por Perú Libre, estudió en el Instituto Superior Tecnológico Túpac Amaru (Cusco) para ser guía oficial de turismo.
El Comercio intentó comunicarse con Abarca Soto para recoger sus descargos. Sin embargo, no respondió nuestros mensajes ni llamadas.
Tolerancia a la violencia
En diálogo con El Comercio, Susana Chávez, directora de Promsex, cuestionó la designación de funcionarios denunciados por violencia contra la mujer. “Personajes de este tipo no deberían estar ejerciendo función pública. Yo sí quisiera saber si en el proceso de selección hay una declaración jurada”, indicó.
“Están saltando las leyes, más allá de cualquier tema ético o estético, que podríamos decir que lo que implica a incorporar a tu equipo a perpetradores de violencia. En los últimos años se había logrado visibilizar la violencia como un delito, que si bien es cierto es extendido, es inadmisible para ejercer la función pública. El problema serio de que un perpetrador sea un funcionario es que va a tener serias limitaciones para ejercer políticas públicas con enfoque de género, que es parte sustancial de estas políticas”, añadió Chávez.
Para la directora de Promsex, en el Perú “lidiamos con tolerancia a la violencia y uno de los grandes problemas del país es que tenemos una tolerancia institucional a ella”.
“Se ha reducido muchísimo la capacitación de los servidores públicos en temas de enfoque de género. Qué pasa con SERVIR, estamos con un tema de contrarreforma, SERVIR debería ser el canal en el que deberíamos estar reclamando sobre estos puestos claves. Estos son los costos en retroceder en la política”, concluyó.
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