Los dos miembros del comité de selección de Provías Descentralizado, con cuyos votos se adjudicó el contrato por S/232,5 millones en la región San Martín al consorcio Puente Tarata III —relacionado a la asesora empresarial Karelim López—, fueron promovidos a cargos en la Dirección Ejecutiva y Gerencia de Obras en la referida dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), unos días después de haber otorgado la buena pro.
Entre el 19 y el 22 de octubre reciente, los funcionarios Víctor Valdivia Malpartida y Édgar Vargas Más habían calificado de manera favorable al mencionado consorcio y a otros postores, a pesar de que el presidente del grupo de trabajo, Miguel Espinoza Torres, consideraba que ninguno de los proveedores cumplía con la experiencia requerida y debían ser descalificados, motivo por el cual emitió un “voto en discordia”, tal como lo reveló El Comercio.
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De esa forma, el contrato de la obra fue adjudicado al consorcio que cuenta entre sus integrantes a Termirex S.A.C., empresa asesorada por Karelim López, quien ingresó a Palacio de Gobierno en siete oportunidades, entre agosto y noviembre de este año, para reunirse con el ahora investigado Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, y el mandatario Pedro Castillo en la sede del Gobierno. Asimismo, a este último lo visitó en el inmueble en Breña, según imágenes de “Cuarto poder”.
El jueves 28 de octubre, seis días después del otorgamiento de la buena pro al consorcio Puente Tarata III, Víctor Valdivia fue designado director ejecutivo de Provías Descentralizado —que maneja un presupuesto de S/772 millones— mediante una escueta resolución de tres párrafos firmada por el ministro del sector, Juan Francisco Silva. La información oficial señala que por esa labor percibía S/11.600 mensuales.
Hasta esa fecha, Valdivia se desempeñaba como “administrador de contratos, especialista en gestión, mejoramiento y conservación vial”, función que cumplió por más de tres años, entre julio del 2018 y octubre de este año, de acuerdo con su declaración jurada de intereses. Antes trabajó en empresas privadas.
El entonces funcionario fue removido del máximo cargo en Provías Descentralizado, el miércoles 24 de noviembre, luego de que este Diario revelara que tenía nueve procesos penales en Lima y Ayacucho por delitos como peculado y hasta violencia familiar.
Flamante gerente
Diez días después de que asumiera su nuevo puesto, Víctor Valdivia (56 años) nombró a Édgar Vargas (54 años) como gerente de Obras del órgano del MTC.
“Encargar a partir del 8 de noviembre del 2021, al ingeniero Édgar William Vargas Más, las funciones del cargo de gerente de la Gerencia de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado-Provías Descentralizado, con retención de su plaza de origen”, se lee en la Resolución Directoral 290-21-MTC/21.
Antes de esta designación, Vargas había cumplido funciones de especialista en infraestructura en la misma dependencia ministerial, por cuya labor recibía S/6.300 cada mes.
Ingresó a laborar en Provías Descentralizado en el 2002, como especialista en proyectos.
En su legajo como funcionario registra que tuvo un proceso administrativo disciplinario por presunta negligencia en sus funciones en el 2012, en relación con una obra en la región Puno.
De acuerdo con la base de datos del MTC, el 14 de octubre pasado, Édgar Vargas recibió la visita de Percy Reyes Barreto, asesor del congresista Eduardo Salhuana, representante de la región Madre de Dios.
El asesor del parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) ingresó a la oficina de Vargas a las 10:01 a.m. y se retiró a las 10:21 a.m. Estuvo acompañado por el alcalde provincial de Manu, Reynaldo Rivas.
Este Diario trató de recoger las declaraciones del legislador para conocer el motivo de esa reunión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a las llamadas ni a los mensajes.
También se intentó obtener la versión de algún vocero del MTC respecto a las designaciones de Valdivia y Vargas, pero tampoco contestaron.
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Infracción o delito
Consultado sobre el tema, el abogado Carlos Caro manifestó que si se tratara de ascensos injustificados, podría haber una infracción administrativa o de connotación penal.
“Como posible delito, puede ser un caso de abuso de autoridad, de tráfico de influencias o colusión desleal. Sería esto último si es que fue a cambio de favorecer en una licitación”, dijo Caro a este Diario.
Como se recuerda, tras la revelación de El Comercio, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro abrió una indagación a la asesora empresarial Karelim López y al ex secretario presidencial Bruno Pacheco, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.
“Los hechos materia de investigación están relacionados con presuntas irregularidades en la licitación ‘construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga’, por un monto ascendente a S/232′587.014, convocada por Provías Descentralizado, en la que se otorgó la buena pro al consorcio Puente Tarata III, de la cual Karelim López es asesora”, informó la Fiscalía el miércoles 1 reciente.
Demanda china
El 11 de noviembre último, luego de que se otorgara la buena pro, el consorcio CRBC Tarata presentó una solicitud de nulidad del proceso de licitación ante Provías Descentralizado, según información oficial a la que accedió este Diario. Pero el pedido fue desestimado por haberse interpuesto fuera del plazo establecido.
En su demanda, este consorcio de empresas chinas (China Road and Bridge Corporation y CCCC del Perú S.A.C.) denunciaba la vinculación entre las compañías de los hermanos Pasapera Adrianzén: Termirex S.A.C. y Corporación Imaginación S.A.C., pues estas formaban parte de dos consorcios que aparentemente se disputaban los primeros lugares en la adjudicación del contrato, uno de los cuales (Puente Tarata III) le ganó al otro (Huayabamba) por una diferencia de 27 céntimos de sol en la propuesta económica.
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¿Qué relación hay entre las visitas de una empresaria a Palacio de Gobierno y la adjudicación de una millonaria obra?
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