“Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio, solo he recibido visitas de carácter personal", manifestó el presidente Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)
“Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio, solo he recibido visitas de carácter personal", manifestó el presidente Pedro Castillo. (Foto: Presidencia)
René Zubieta Pacco

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La noche del lunes, durante su de unos tres minutos, el presidente se refirió brevemente a los cuestionamientos en su contra por haber continuado sosteniendo reuniones —sin transparentarlas en su agenda— en la vivienda de Breña que lo acogió durante la campaña electoral y desde donde despachó al inicio de su gobierno.

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El punto central de Castillo sobre el tema estuvo en la siguiente expresión, en donde quiso marcar una diferencia: “Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio, solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”.

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Castillo se refirió así a la casa del pasaje Sarratea 179, en Breña, pese a que en el Reniec aún figura que tiene domicilio en Tacabamba, Chota, Cajamarca. Dicho inmueble es propiedad de un amigo del mandatario, Segundo Sánchez Sánchez.

Se trata de una persona también natural de Chota y cuya empresa Aldalab Perú S.A.C. registra contratos con el Estado desde el 2012. Según el portal del Seace, los dos últimos datan de agosto del 2021 y corresponden a órdenes de compra de insumos para laboratorio para el Gobierno Regional de Amazonas por un total de S/8.770.

¿Pero tiene sustento lo expresado por el mandatario en su defensa? Cabe recordar que, de acuerdo a un reportaje de “Cuarto poder”, el jefe de Estado recibió en Breña a políticos, funcionarios y empresarios entre octubre y noviembre, en medio de sospechosas medidas de seguridad. Ninguna de esas actividades fue transparentada en la agenda del presidente.

Una de las asistentes fue la empresaria Karelim López Arredondo, que no solo visitó seis veces Palacio de Gobierno en agosto, octubre y noviembre, como reveló El Comercio. Ella es una amiga del exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, que asesora a Termirex S.A.C., una de las empresas del Consorcio Puente Tarata III, el cual ganó una millonaria adjudicación el mes pasado.

Mensaje Pedro Castillo

Sin aclaraciones

Para Mayen Ugarte, experta en Gestión Pública, Pedro Castillo no ha dado una explicación, sino realizado solo una declaración política sin sustento.

“Una afirmación no es una explicación. Una explicación tiene sustento, evidencia, nos tiene que decir de dónde los conoce, por qué los conoce, hace cuánto que los conoce, por qué se considerarían personales. Eso es una explicación. Lo que el presidente ha hecho no es una explicación, sino una afirmación. Lo que ha hecho es una declaración política”, señaló a El Comercio.

En esa línea, Ugarte sostuvo que Castillo es presidente las 24 horas del día, por lo que para argumentar que tuvo reuniones de carácter personal en Breña tendría que probar algún vínculo previo con todas las personas que acudieron al lugar.

“Estamos hablando de empresarios. En el caso del presidente de la República, lo más sano es declararlo. Que peque de exceso y no de falta. Si uno quiere ser transparente, peca de exceso, cuenta cada caso”, subrayó.

Por tanto, la especialista apuntó que lo recomendable es considerar que todas las actividades del presidente son oficiales, “salvo que sean evidentemente muy personales”.

“¿Pero por qué no registrarla como actividad personal? Y se registra quién entra y quién sale, y que es personal […] La agenda no dice que es de actos oficiales. La lógica del registro de agenda es la transparencia y, por lo tanto, mejor pecar de exceso. Si es visita familiar o personal, se pone, ¿por qué hacerlo fuera de Palacio, por qué esconderlo? La agenda no es la agenda de las reuniones en Palacio, es la agenda del presidente. El sentido del registro de agenda es la transparencia”, agregó.

La ex primera ministra Ana Jara recordó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el despacho presidencial se ubica en Palacio de Gobierno. Según manifestó, todos los actos del jefe de Estado tienen carácter de oficiales, a menos que el propio presidente haga la diferencia entre el ámbito de su vida personal y de los actos públicos.

“¿Y qué define eso? Todo aquello que no lesione o tenga trascendencia en los intereses del Estado. Si él va a tener su vida familiar, como corresponde, en ese ámbito no puede sostener en privado reuniones con personas que tienen interés de gestión con el Estado. Puede tener su vida personal como todo funcionario, pero lo que no puede es reunirse con alguien que tenga un interés con el Estado y eso se preste a un tema de tráfico de influencias. Eso es lo que hace la diferencia”, recalcó.

Por tanto, consideró que, en su mensaje a la nación, el presidente Castillo no solo no dio explicaciones, sino que se victimizó, no realizó autocrítica ni tuvo capacidad de enmienda.

“Totalmente insatisfactorias las aclaraciones que pretendió dar el jefe de Estado. Cero autocrítica, cero compromiso de enmendar cualquier error involuntario o voluntario en el que haya incurrido en no transparentar su agenda presidencial. Y además, tratar de apelar a una tragedia, el terremoto en Amazonas”, añadió.

En opinión del constitucionalista Erick Urbina, Pedro Castillo tiene por mandato constitucional cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, pues personifica a la nación los siete días de la semana. Y aunque sostuvo que el presidente “está en falta”, apuntó que no se le puede acusar por tener inmunidad.

“Hay faltas administrativas serias. Según la ley de transparencia del funcionario público y la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo, esas son faltas graves que, a la vez, después de una investigación, podrían determinar la comisión de un delito. Eso ya corresponde a la investigación fiscal”, explicó.

¿Qué relación hay entre las visitas de una empresaria a Palacio de Gobierno y la adjudicación de una millonaria obra?
Esta es la pregunta del día sobre la vinculación de Karelim López, amiga del ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, con una empresa integrante de un consorcio que obtuvo un contrato de Provías Descentralizado por 232,5 millones de soles, en octubre último.

Advierten contradicción

Entre los pronunciamientos desde el Ejecutivo, uno fue el del ministro de Defensa, Juan Carrasco, quien acudió al inmueble de Breña la noche del 19 de noviembre. Pero el funcionario dio una versión que se contrapone a la de Castillo, pues declaró el lunes a “Exitosa” que de la nación “y por lo tanto debemos mantener la reserva de ese tipo de reuniones”.

“Claramente son contradicciones en las que están cayendo, con lo cual la fiscalía debería realizar las investigaciones correspondientes y el Congreso de la República tendría que interpelar al ministro Carrasco para que diga exactamente lo que pasó”, consideró Urbina.

Jara consideró que el Congreso, la contraloría o la fiscalía tendrían que investigar el asunto, pero indicó: “Hay un entredicho: dos altos funcionarios, uno presidente de la República y otro ministro de Estado, se contraponen a lo declarado”. Para Ugarte, tendría que determinarse si el ministro y la empresaria López coincidieron en una reunión al interior del recinto, pero consideró que “el ministro también peca de lo mismo, tendría que ser transparente la reunión. Y además, [siendo] un tema de seguridad nacional”.

En tanto, otro pronunciamiento vino del ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien el lunes . “Totalmente inaceptables esas declaraciones. Están entendiendo mal el manejo de la cosa pública. El manejo de la cosa pública exige transparencia y rendición de cuentas. Jamás un acto que se hace bajo el manto del oscurantismo puede favorecer al Estado”, opinó Jara.

“No es correcto. Él puede reunirse con sus padres, queda registrado y no pasa nada. Eso es justamente el deber de transparencia que tienen. No es una exigencia anormal”, sentenció Urbina.

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