Unidad de Investigación
Mensajes vía correo electrónico, comunicaciones mediante la aplicación WhatsApp y documentos oficiales contradicen la declaración que el ministro Geiner Alvarado dio ante la fiscalía sobre el origen del Decreto de Urgencia 102-2021, firmado por el presidente Pedro Castillo y los entonces titulares de Vivienda y Economía, según información a la cual accedió El Comercio.
Con esa norma, emitida el 29 de octubre pasado, se autorizó el financiamiento de millonarias obras en Anguía (Chota, Cajamarca), por cuyas presuntas irregularidades están bajo investigación Yenifer Paredes, cuñada del mandatario, la primera dama Lilia Paredes, el empresario Hugo Espino, el alcalde José Medina y otros funcionarios, como parte de una supuesta red criminal encabezada por el jefe del Estado.
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“Este decreto de urgencia nace de un informe del Ministerio de Economía [y Finanzas] de fecha 12 de octubre del 2021, mediante el Informe N° 018-2021-EF/60.02 suscrito por Raquel Yamujar Gil, directora general de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal [del MEF]”, dijo Alvarado, quien fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta el 5 de agosto último y ahora es titular de Transportes y Comunicaciones.
En su testimonio brindado al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, el 16 de agosto, Alvarado añadió: “[Con aquel documento del MEF] se comunicó al Ministerio de Vivienda que ante la situación presentada y enmarcados en esa directiva, se tenía que presentar proyectos, los cuales fueron elaborados por cada dirección mediante un análisis técnico”.
Fondos del decreto
Sin embargo, un mes antes, el 15 de setiembre, una alta funcionaria del Ministerio de Vivienda informaba a los entonces viceministros Elizabeth Añaños y Javier Hernández –por correo electrónico– sobre los S/500 millones aprobados por el MEF, suma que con el decreto de urgencia se destinó a obras de agua potable y saneamiento en el país.
Entre esos proyectos, cinco fueron gestionados por la Municipalidad de Anguía, uno de los cuales se adjudicó a un consorcio vinculado a Hugo Espino, amigo y exempleador de Yenifer Paredes, contrato que ascendió a S/3 millones.
“Estimados viceministros, en reunión de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas realizada el 3 de setiembre […], se nos ha informado que habría un presupuesto de hasta 500 millones para el MVCS [Ministerio de Vivienda]”, escribió Jackeline Castañeda, directora general encargada de Planeamiento y Presupuesto del sector que lideraba Alvarado.
Ese mismo día, también por correo electrónico, la ahora exviceministra Añaños respondió el mensaje indicando a otros funcionarios del ministerio que de aquel monto correspondían S/125 millones al área a su cargo [Vivienda y Urbanismo], “que representa el 25% de los recursos asignados”, pues la alta dirección ministerial había establecido la “priorización de líneas de intervención […], en las que saneamiento tiene mayor demanda de recursos [75%] por la envergadura de los proyectos”.
Cita en el MEF
Sobre la mencionada reunión de trabajo en el MEF, del 3 de setiembre, este Diario accedió a conversaciones vía WhatsApp de ese día que confirman que la actividad, en efecto, se realizó y que el propio ministro Alvarado participó en la cita.
“Eli [Elizabeth Añaños], buen día. [¿]Tienes cita en la PCM [Presidencia del Consejo de Ministros]?”, preguntó Alvarado a la entonces viceministra de Vivienda y Urbanismo. Ella le contestó: “Sí”. Era a las 8:05 a.m.
A las 11:48 a.m., Alvarado le escribió: “Ya estoy en el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]”. Unos minutos después, volvió a enviar un mensaje: “La cita es a las 12 [m.]”.
Luego, a las 12:57 p.m., Añaños le reenvió una fotografía en la que aparecen Alvarado y el entonces titular del MEF, Pedro Francke, al finalizar la reunión en que se aprobó el millonario presupuesto, cuya utilización fue autorizada por el decreto de urgencia, el siguiente mes.
“Felicidades, buen trabajo”, anotó Alvarado.
Proyecto remitido
En la documentación que sirvió de sustento al Decreto de Urgencia 102-2021, hay un oficio enviado por el secretario general del Ministerio de Vivienda, Francisco Whittembury, al MEF, el 23 de octubre.
Con ese documento, el funcionario presentó de manera formal la propuesta técnica y legal de la norma que se promulgó seis días después.
“[…] Por especial encargo del señor ministro de Vivienda, remito para su consideración y trámite respectivo, el proyecto de decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias [para el] financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano”, escribió Whittembury a su homóloga Kitty Trinidad.
Según fuentes de El Comercio, aquella norma se basó en los lineamientos del programa sectorial Perú en Marcha, cuyas fichas están consignadas en los documentos del expediente del decreto.
‘Buró político’
En el caso de la cuñada del presidente Pedro Castillo, la fiscalía investiga una reunión efectuada en un departamento de la calle Palo Blanco, en Surquillo, Lima, el 20 de agosto del 2021.
Por indicación del entonces jefe de gabinete de asesores de Vivienda, Salatiel Marrufo; la viceministra Elizabeth Añaños y la jefa de Presupuesto, Jackeline Castañeda, fueron hasta el lugar.
Allí expusieron sobre proyectos del sector ante los empresarios Alejandro Sánchez y Abel Cabrera, y el alcalde de Anguía, José Medina, considerados del entorno presidencial. También se les conoce como parte del ‘buró político’ del mandatario o del círculo de los ‘chiclayanos’, que “manejaban” las adjudicaciones de contratos en el sector Vivienda, de acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público.