JNJ abre nuevo proceso disciplinario a Patricia Benavides: los detalles del caso vinculado a la remoción de fiscales

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un nuevo proceso disciplinario contra Patricia Benavides por la remoción de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, así como a un grupo de fiscales que integraban el Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto.

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Fuentes del JNJ indicaron a El Comercio que también se ha comprendido a la hermana de la suspendida exfiscal de la Nación, la jueza Enma Benavides, así como a la fiscal Azucena Solari.

Solari fue designada por Benavides en lugar de Revilla.

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La decisión, indicaron las mismas fuentes, fue adoptada por todo el pleno de la JNJ y duraría hasta nueve meses, plazo que se le otorga a un proceso disciplinario ordinario.

Como se recuerda, la exfiscal de la Nación había interpuesto recursos en contra de la JNJ, entre ellos una medida cautelar para anular las investigaciones preliminares que incluían estos casos. Los mismos, incluso, fueron el argumento para que se interpusiera una demanda competencial entre el Ministerio Público y la JNJ.

Ahora, Benavides Vargas deberá responder en un plazo de 10 días -según estipula la norma- sobre las presuntas faltas disciplinarias que habría cometido.

Se trata del segundo proceso disciplinario en su contra . A fines de noviembre del 2023, la JNJ le abrió una pesquisa con una medida cautelar de suspensión en el cargo de fiscal suprema por seis meses, por su presunta vinculación a una organización criminal junto a sus exasesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado.

Desde la JNJ precisaron que el proceso disciplinario fue el resultado de la investigación preliminar Nro 8, que incluye la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabeth Felicitas Revilla Corrales; la fiscal superior Aurora Castillo Fuerman y del fiscal adjunto supremo Luis Felipe Zapata Gonzáles

También el nombramiento de Miguel Ángel Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por funcionarios Públicos, la remoción del fiscal Frank Robert Almanza Altamirano del caso Sánchez Paredes y la desarticulación del Equipo Especial de Fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según la hipótesis, se le atribuye a Benavides Vargas que, en su condición de fiscal de la Nación, habría realizado cambios en la conformación del Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto a fin de interferir en las investigaciones fiscales.

Esto, según la hipótesis, motivada por la existencia de comunicaciones telefónicas entre ella y su hermana, la jueza superior Enma Rosaura Benavides Vargas, con Antonio Camayo Valverde y Edwin Oviedo Pichotito, respectivamente, estos últimos vinculados a la citada organización criminal.

A ello, se sumó la denuncia interpuesta por la exfiscal Bersabet Revilla, quien señaló haber sido cesada indebidamente, vulnerando el principio de motivación. Mencionó las conclusiones del Informe 00012-MP-FN, de la Oficina de Control de la Productividad, que contiene información falsa y no verificada.

Revilla aseguró ante la JNJ que el motivo real de la fiscal de la Nación para removerla del cargo fue el interés subalterno de obstaculizar, encubrir y debilitar la acción penal que la denunciante había instaurado contra su hermana Enma Benavides y otros, en la Carpeta Fiscal Nro. 646-2018-SGF.

Ese caso es por cohecho pasivo específico y asociación ilícita, por el presunto cobro de sobornos a cambio de otorgar libertades o absoluciones a procesados por narcotráfico y terrorismo.

Cabe recordar que, tras la salida de Revilla del Ministerio Público, la fiscalía solicitó el sobreseimiento del proceso judicial de Enma Benavides Vargas. Actualmente, el caso se encuentra en evaluación del Poder Judicial que deberá convocar a las partes antes de emitir una decisión.

Sobre la desarticulación del Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto, se le procesa por haber dispuesto que dicho grupo quede a cargo de un fiscal superior - afín a su persona-, Jorge Díaz Cabello, y no como había venido funcionando, bajo la coordinación de un fiscal supremo.

Según la investigación, durante la gestión de Benavides, el referido equipo especial dejó de contar con la participación de Jesús Eliseo Fernández Alarcón -fiscal supremo provisional a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos-, y Fanny Soledad Quispe Farfán -fiscal adjunta suprema provisional transitoria.

En el caso del primero, se señala, si bien presentó su carta de renuncia, también existen versiones sobre una comunicación remitida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en la que se indicaba que Fernández Alarcón había renunciado porque Benavides Vargas le exigió el cambio de Quispe Farfán, a lo cual él no habría accedido.

También fueron excluidos del equipo especial Denisse Magally Neira Montoya y Gladys Janet Milagros Rojas Castro, fiscales provinciales provisionales transitorias; Víctor Tullume Pisfil, fiscal superior provisional transitorio de Lima, designado en el despacho de la Fiscalía Superior Penal; Christian Arturo Gamarra Paucas y Óscar Chávez Ayvar, fiscales adjuntos superiores provinciales transitorios del distrito fiscal de Lima Centro y otros.

Respecto a la situación de la jueza Enma Benavides, la JNJ analizó la documentación respecto a su presunta vinculación con integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto y el favorecimiento que habría obtenido de parte de su hermana, la exfiscal de la Nación para lograr el archivo de sus casos.

Sumado a ello, existen informes de las Procuradurías Públicas Especializadas en delitos de Lavados de Activos, Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo, con aproximadamente 95 sentencias de expedientes resueltos entre el 2014 al 2019-, entre libertades y absoluciones que habrían sido emitidas por el Colegiado ”E” de la Sala Penal; y luego por la Segunda Sala Penal Nacional Transitoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

En todas esas causas, señala el informe, participó la hermana de la fiscal de la Nación, Enma Benavides, en su condición de presidenta, miembro o directora de debates.

Tales resoluciones habrían sido en su mayoría declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia de la República por falta de apreciación de los hechos, indebida valoración de los medios probatorios y por apartarse de la jurisprudencia vinculante. Además, se ordenó llevar nuevos juicios orales, muchos de los cuales concluyeron con sentencias condenatorias.

Incluso, en el informe, la exprocuradora antidrogas Sonia Medina señaló que la jueza Benavides Vargas absolvió a un imputado por lavado de activos, pese a haber admitido ser autor del delito de tráfico ilícito de drogas, siendo condenado únicamente por este hecho, bajo la concepción de que no existe el autolavado.