El pleno del Congreso debate este viernes a las 10 de la mañana el informe final de la Comisión Permanente que acusa constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión (en calidad de cómplice) por supuestamente haber liderado una organización criminal durante su gobierno.
Castillo Terrones ocupó el cargo de presidente de la República desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre del 2022, cuando fue vacado por el Legislativo por haber encabezado un golpe de Estado. Y, actualmente, cumple prisión preventiva por ese hecho.
Sin embargo, antes de ello ya había sido denunciado constitucionalmente ante el Congreso por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, por presuntos actos de corrupción en los Casos Petro-Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones-Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
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Tras analizar y debatir las conclusiones y recomendaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la legisladora Lady Camones; y cuyo informe fue sustentado por el congresista delegado Diego Bazán, la Comisión Permanente aprobó continuar con el trámite acusatorio contra el exmandatario.
Fueron 19 votos a favor, 9 en contra y una abstención los que decidieron que la acusación constitucional contra Castillo Terrones sea presentada ante el Pleno del Parlamento.
La Comisión Permanente también aprobó por 28 votos a favor, acusar constitucionalmente al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal y delito contra la administración pública – colusión. También acusar constitucionalmente al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado, por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.
Camino al Pleno
Al haberse aprobado acusar constitucionalmente al expresidente Castillo Terrones y a los exministros Silva Villegas y Alvarado López, por presuntamente haber integrado una organización criminal, la Comisión Permanente deriva el informe al Pleno del Congreso para su aprobación.
El grupo de trabajo también aprobó que la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el congresista delegado Diego Bazán, sustenten la acusación constitucional contra Castillo, Silva y Alvarado ante el Pleno.
Según el Reglamento del Congreso, en su artículo 89 inciso ‘h’, una vez aprobada la acusación por la Comisión Permanente, “el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión correspondiente”.
Decisiones _ Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la Subcomisión Acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. Si es aprobado, el expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.
Mira aquí el debate y votación:
Existen elementos de convicción
Según las conclusiones debatidas y aprobadas en la Comisión Permanente, habría elementos de convicción presentados por la Fiscalía de la Nación que vincularían al expresidente Pedro Castillo con los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y como cómplice de colusión.
El congresista Diego Bazán, quien sustentó el caso, aseguró que, de acuerdo a los hechos y elementos analizados durante el proceso, se hallaron indicios de que Castillo Terrones habría liderado una organización criminal estructurada, con niveles y brazos operativos cuyo único fin fue beneficiarse producto de actos ilícitos.
Agregó que, según las conclusiones, “Castillo habría sido el líder que contaba con un órgano operativo y un órgano ejecutor, habría operado en el tiempo”, y tenía como fin sacar provecho de presuntos actos ilícitos.
Así, explicó que la presunta red criminal de apariencia vertical y piramidal, se habría gestado en dos etapas: La ideación (desde el 12 abril del 2021 hasta el 5 de junio del 2021) en la que se vinculó a personajes que financiaron su campaña con altas sumas de dinero; y la estructuración (desde el 6 de junio hasta el 28 de julio del 2021), cuando se determinó la captación y el copamiento de las entidades públicas.
La mencionada red tenía un primer nivel pperativo que habría contado a su vez con siete brazos: el buró político o gabinete en la sombra, el congresal y donde se encontrarían los denominados “Niños”, familiar, lobbista, obstruccionista, de la Secretaría General-coordinación y ministerial-altos funcionarios.
Entre los integrantes de los diversos brazos estaban Beder Camacho, Bruno Pacheco, la exprimera dama Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, José Nenil Medina, Segundo Sánchez, Salatiel Marrufo, los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, entre otros.
El Nivel Ejecutivo de la presunta organización criminal, se habría encargado de ejecutar las órdenes del presunto cabecilla Castillo en los diferentes hechos o actividades ilícitas. Esto, en los casos Petro-Perú, MTC-Puente Tarata y Ministerio de Vivienda (DU102-2021), donde se hallaron irregularidades.
Así, se habría designado por ejemplo a Hugo Chávez Arévalo en Petro-Perú, a Juan Silva como ministro en el MTC y a Geiner Alvarado como ministro en Vivienda. Estos, a su vez, habrían designado a otros funcionarios o habría coordinado con estos. Entre ellos, Bruno Pacheco, Fermín Silva Cayatopa, los sobrinos presidenciales Fray Vásquez (prófugo) , y Gian Marco Castillo, la exprimera dama Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, Zamir Villaverde, Yenifer Paredes, etc.
“El líder, en todos los casos, habría sido Castillo, quien habría planificado, dirigido y controlado las actividades de la organización valiéndose de su poder en el cargo de presidente”, indica Bazán.
Por ello, reseñó Bazán, Castillo Terrones habría desplegado influencias aprovechando su alto cargo como presidente para intervenir en los procesos de licitación en Petro-Perú para la compra de Biodiésel B100 y a cambio habría recibido S/2 millones de Karelim López. También habría ofrecido a empresarios, a través de sus sobrinos y otros amigos, interceder en los procesos de licitación del MTC, como en el Caso el Puente Tarata. Por ello, habría recibido S/30 mil de parte del Zamir Villaverde.
Mientras que en el caso del exministro Juan Silva, habría coordinado con los funcionarios designados la ejecución de las órdenes emitidas por Castillo para beneficiar a terceros en el MTC. Y Geiner Alvarado en Vivienda habría dispuesto la dación del Decreto de Urgencia 102-2021 mediante el cual se benefició con presupuestos a diversas municipalidades cuyos alcaldes eran afines o tenían vínculos con los integrantes de la presunta organización criminal.
“De la denuncia fiscal es posible concluir que los hechos mencionados se subsumirían dentro del delito de organización criminal y existirían elementos de convicción para vincular a Castillo, Silva y Alvarado con el referido delito”, concluyó Bazán.
Por todo ello, la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, solicitó a la Comisión Permanente que el informe sustentado sea aprobado en todos sus extremos.
“Los delitos imputados al expresidente Pedro Castillo son sumamente graves”, señaló previo a la aprobación del documento.
¿Con qué herramientas cuenta el Congreso para aprobar el informe en el Pleno?
El informe final que fue aprobado en la Comisión Permanente, que cuenta con más de 300 folios, recoge diversa información proporcionada por la Fiscalía de la Nación al Congreso. Así, está la Declaración del Colaborador Eficaz CE 03-2022-EFICCOP, la declaración de la colaboradora eficaz Karelim López, la declaración del Colaborador Eficaz con clave N.°CE-02-5D2FPEDCF-2022, el Complementario N° 02-2022-2°FISLAA-7D, de la declaración de Karelim López.
“El cabecilla de la organización criminal es el Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, quien es encargado de dirigir a los demás integrantes en los diferentes hechos ilícitos y tiene como finalidad su permanencia en el poder”, declaró el colaborador CE 03-2022-EFICCOP.
También están los reportes de visitas de los integrantes de la presunta red criminal a diversas sedes del Estado, como la de Samir George Abudayeh Giha al presidente de la República José Pedro Castillo Terrones.
El abogado penalista Andy Carrión consideró que el Congreso tiene todas las armas proporcionadas y sustentadas por parte de la Fiscalía de la Nación para formar una causa penal contra el expresidente y sus dos exministros.
Por ello, indicó, lo que ahora tiene que hacer el Congreso, bajo consideraciones de orden penal y también político, es evaluar si amerita ir a esta siguiente etapa, es decir la investigación preparatoria.
“¿Esta fortalecido el caso? Yo creo que sí. Se tiene muchos indicios, desde colaboradores eficaces que se han sometido a este procedimiento, donde la mayoría de ellos, de manera homogénea han incriminado al expresidente como líder de la presunta organización. También están los colaboradores cercanos al exmandatario y otras versiones corroboradas”, agregó.
Carrión cuestionó que durante el debate en la Comisión Permanente algunos congresistas hayan exigido “prueba plena” de la culpabilidad de Castillo, Silva y Alvarado; sin embargo, aclaró que en esta etapa no se requiere de ello, sino que bastan las pruebas indiciarias. Ello, continuó, porque lo se está haciendo en el Parlamento es evaluar una acusación constitucional en la cual, la Fiscalía de la Nación ha visto pertinente que no sólo concurre una sospecha inicial; sino que a raíz de la investigación se recabó elementos que ameritan pasar a una investigación preparatoria.
“Sobradamente (debería formar causa penal), debería de hacerlo porque si nos circunscribimos a que no se trata de una habilitación para una condena; sino para que continúe la etapa de la investigación, creo que existen más que suficientes elementos que aportó la fiscalía que ameritan que el caso pase a una segunda etapa y por tanto, el Pleno del Congreso de la República debería de aprobar esta acusación constitucional”, concluyó.
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