Defensoría del Pueblo considera “lesiva práctica” los constantes cambios o ajustes en la Policía Nacional

La Defensoría del Pueblo calificó de “lesiva práctica” los constantes cambios o ajustes en la Policía Nacional (PNP) y exhortó al Poder Ejecutivo a que los mismos sigan el debido proceso y no sobrepasen el límite de sus debidas competencias.

En un comunicado, precisó que dichas modificaciones deben ejecutarse respetando la independencia y autonomía funcional de la PNP, de manera que puedan cumplir su finalidad constitucional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno.

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Asimismo, reiteró que los sucesivos cambios en los altos mandos de la PNP dificultan y alteran el correcto desarrollo de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

“La ciudadanía en su conjunto debe tener presente que esta lesiva práctica conlleva, entre otros aspectos, la rotación de múltiples funcionarias y funcionarios policiales a nivel nacional, hecho que afecta la continuidad de las actividades propias de este sector y la fluidez de la coordinación entre entidades públicas”, subrayó.

Recordó que en lo que va de la actual gestión gubernamental, han sido designados siete titulares del sector Interior y cuatro comandantes generales de la PNP, y que el último de ellos se desempeñó en el cargo por solo cuatro meses.

“Tales circunstancias originan inestabilidad en la gestión de estas instituciones y repercuten directamente en la ejecución de las estrategias diseñadas para combatir la delincuencia, uno de los principales problemas que afectan a nuestro país”, acotó.

Del mismo modo, la Defensoría refirió que si bien la renovación de cuadros es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, tal potestad no es ilimitada y se encuentra bajo control constitucional.

“Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC N.º 00002-2018-PCC/TC; STC N.° 090-2004-AA/TC), el ejercicio de esta prerrogativa debe encontrarse adecuadamente motivada, observando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el interés público y siempre respetando los derechos constitucionales, entre los que destacan el derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley”, enfatizó.

En base a lo señalado, la Defensoría consideró necesario garantizar la plena institucionalidad e independencia funcional de la PNP, tanto más cuando los recientes cambios se han realizado en medio de las investigaciones judiciales al presidente Pedro Castillo y su entorno.

“[Esta] situación debería llevar a los poderes del Estado a redoblar sus esfuerzos por respetar la autonomía e independencia de todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia”, finalizó.

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