Fiscalía inicia investigación a escolta presidencial y a su hija por contratación en MTC

El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro abrió investigación contra el escolta presidencial Aladino Irigoin y su hija Wendy Irigoin por presuntas irregularidades en la contratación de esta última en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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Wendy Irigoin y los que resulten responsables serán investigados por 120 días por presunta negociación incompatible; mientras que en el caso de su padre será por supuesto delito de tráfico de influencias.

En un comunicado, informó que la disposición del fiscal provincial Edwin Manrique Durand se adoptó tras hacerse público que Irigoin Chávez habría sido favorecida, entre noviembre de 2021 a abril de 2022, con seis órdenes de servicio en la citada entidad por ser la hija de Irigoin Chávez.

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El comunicado indica que como parte de los actos procesales que estarán a cargo de la fiscal adjunta provincial Elisabeth Berrospi Diaz, “se solicitará que el MTC proporcione copia legalizada de los expedientes, órdenes de servicio y demás documentación que permita esclarecer el hecho, así como tomar la declaración de los implicados y testigos”.

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En junio pasado, la Unidad de Investigación de El Comercio informó que Wendy Irigoin Peralta mantenía contacto con la familia del prófugo exministro Juan Silva y que incluso sus últimos ingresos económicos proceden del MTC.

En dicho informe se detalló que el 4 de octubre pasado, Wendy Irigoin ingresó al despacho del entonces ministro Silva, donde fue recibida a las 10:43 a.m. por Anatoly Bedriñana, entonces asesor ministerial.

El 17 de octubre del año pasado, Wendy Irigoin fue contratada por la entidad ministerial para manejar la agenda protocolar y participar en el soporte administrativo. El monto de la orden fue de S/17.000.

El 14 de diciembre, el MTC volvió a contratar a Wendy Irigoin para “la recepción asignación y de los procesos informáticos”, esta vez por S/4.250.

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Al mes siguiente, en enero de este año, la hija del escolta del presidente consiguió otra orden de servicios con el mismo concepto del primer contrato. En esta ocasión, la suma fue de S/20.000.

El 26 de junio, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló además que tres policías que han resguardado al presidente Pedro Castillo desde el inicio de su gestión figuraban en una lista de sospechosos de haber facilitado la fuga del exministro Juan Silva.

Castillo y Silva son investigados por su presunta participación en el Caso Puente Tarata.

Se trata de los suboficiales PNP Jorge Tarrillo Gálvez, Aladino Irigoin Chávez y Jover Gallardo Torres, quienes por la cercanía que tuvieron con Silva antes de que pasara a la clandestinidad fueron incluidos en el plan de trabajo de uno de los grupos especiales de la Policía Nacional dedicado a la búsqueda del extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).